Rajoy da un acelerón a sus reformas

Mariano Rajoy pidió a los mercados internacionales, antes de llegar a la Moncloa, que le dieran «media hora de margen» para poder acometer las reformas estructurales con las que pretendía reconducir la economía española.

Aquella ironía, muy comentada durante la pasada campaña electoral, ha dado paso a una realidad no muy distinta. El presidente del Gobierno anunció durante el debate de investidura que se celebró el 19 de diciembre en el Congreso que la reforma laboral, la reestructuración del sistema financiero y la Ley de Estabilidad Presupuestaria estarían ultimadas antes del primer semestre de 2012.

La presión de los mercados, sin embargo, le ha obligado a cambiar el paso y a fijar la fecha límite para el Consejo de Ministros del 17 de febrero. El diferencial de la deuda alemana no baja de los 350 puntos básicos; las agencias de 'rating' amenazan con disminuir la calificación de la solvencia de la deuda española y, sobre todo, el vaticinio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la economía española estará en recesión hasta 2014 han aconsejado al Ejecutivo mayor diligencia para aprobar estas reformas que ya han sido calificadas como «claves» para la recuperación económica española por parte de varias agencias internacionales.

Sin consenso

Mariano Rajoy, una vez que ha constatado que los agentes sociales no salían de un bucle de desencuentros, ha optado por no «esperar para siempre» al consenso y legislar. Será una reforma «adaptada a nuestro propio mercado de trabajo y a nuestras propias necesidades», insisten desde el Gobierno que, por el momento, no desvela sus cartas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y su equipo intentan afinar con la tecla. «No para agradar a los sindicatos o a la patronal, sino beneficiar al conjunto de los españoles», aseguran. Se trata de los asuntos más espinosos: modalidades de contratos, flexibilidad interna de la empresa y negociación colectiva.

El Gobierno entiende que el ajuste más severo que ha padecido España como consecuencia de la crisis se ha producido en el empleo, mientras que en otros países, con otras legislaciones laborales, se ha optado, por ejemplo, por reducir salarios pero manteniendo los puestos de trabajo.

Soraya Sáenz de Santamaría se ha limitado a indicar que «el Gobierno presentará una reforma laboral en el marco de dos objetivos: la simplificación en el número de contratos y la estabilidad en el empleo».

En el PP temen, pero asumen, que la decisión final del Gabinete de Rajoy pueda encender la mecha de la agitación social, con protestas y huelgas convocadas por los sindicatos. Será el propio presidente del Gobierno, en cualquier caso, quien «dé la cara» y explique la decisión final.

Un acuerdo más amplio

Más apacibles están resultando los preparativos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las comunidades autónomas ya han expresado su respaldo a las líneas generales de la futura norma, clave para apuntalar el plan de austeridad que quiere establecer Rajoy en todas las administraciones públicas.

Desde Moncloa reconocen que ya había mucho camino recorrido, porque la reforma de la Constitución, que permite fijar un límite de gasto y endeudamiento, la pactaron PSOE y PP al final de la legislatura pasada. El presidente Nicolas Sarkozy, en su reciente viaje a España, calificó como una verdadera «regla de oro» la prohibición de aumentar el déficit. «Una regla de oro» a la normativa comunitaria que establece sanciones a quienes incumplan los objetivos de estabilidad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negocia con los gobiernos regionales algunos aspectos de esta norma, que incluye una reestructuración de todas las administraciones públicas, con una importante aminoración de las empresas, entes y organismos públicos.

Más fusiones

El presidente del Gobierno defiende que tanto el severo plan de ajuste que aprobó el 30 de diciembre -que incluyó la subida del IRPF y del IBI-, como la reforma laboral y la Ley de Estabilidad Presupuestaria no bastan para dinamizar la economía. Sin una reestructuración a fondo del sector financiero, el crédito bancario no llegará a las pymes, a los autónomos y a las familias. Existe especial preocupación en la herencia que deja la gestión inmobiliaria del denominado 'boom del ladrillo'. Rajoy quiere total trasparencia a la hora de reflejar el valor real de los activos inmobiliarios que posee cada entidad. Lo que sí ha descartado es crear un 'banco malo' que absorba los activos tóxicos procedentes de estas operaciones inmobiliarias. Para ayudar al saneamiento, adelantan fuentes del Gobierno, se impulsarán nuevas fusiones que permitan crear entidades más solventes.