La Fiscalía niega otra vez la excarcelación a Correa

No hay motivos para aceptar la solicitud de excarcelación de Francisco Correa, cerebro de la trama 'Gürtel' que lleva casi tres años en prisión provisional. La Fiscalía Anticorrupción reiteró ayer su oposición en la vista oral celebrada en la Audiencia Nacional a petición de la defensa del reo, la primera vez desde que la causa fue devuelta al tribunal central. La decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal se conocerá previsiblemente la próxima semana.

La razón de la negativa del Ministerio Público es conocida, «el alto riesgo de fuga del reo», el mismo que ha esgrimido desde que el abogado de Correa, José Antonio Choclán, reclamó por vez primera su puesta en libertad cuando la causa se tramitaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El letrado de Correa, por su parte, defendió que su cliente ha cumplido ya casi tres años en prisión provisional, desde febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón destapó la trama corrupta vinculada a cargos electos del PP.

Pulsera electrónica

Choclán recordó a la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, que el Tribunal Superior de Madrid ya acordó reducirle la fianza y dejarle en libertad condicional con la precaución de que le impusieran una pulsera electrónica para evitar una posible fuga, a lo que se negó la Fiscalía Anticorrupción. Según la ley de Enjuiciamiento Criminal, la prisión provisinal podrá durar hasta dos años atendiendo a la gravedad del delito y si la pena que se le prevé imponer al imputado es superior a los tres años. La medida es prorrogable si tras cumplirse el plazo previsto sigue el riesgo de fuga o el peligro de que se destruyan pruebas.

Tanto a Correa como a su mano derecha, Pablo Crespo, también en prisión desde febrero de 2009, les acusan de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La causa regresó a la Audiencia Nacional el pasado 20 de diciembre, después de que el Tribunal Superior de Madrid perdiera la competencia al no existir aforados en el sumario que instruía el juez Antonio Pedreira.