El Gobierno inicia la poda de organismos reguladores

Mientras trabaja en las reformas laboral y del sistema bancario, el Gobierno ha activado otros proyectos, como una drástica poda de los organismos reguladores, con el objetivo de conseguir que sean «más austeros, neutrales y eficaces». La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó al término del Consejo de Ministros que se ha constituido un grupo de trabajo, integrado por representantes de los ministerios de Economía, Hacienda, Fomento y Sanidad, que presentará una propuesta «en breve plazo».

Los reguladores son los encargados de velar por el buen funcionamiento de servicios básicos como el suministro eléctrico o la telefonía, y de vigilar para que su prestación en régimen de competencia permita obtenerlos a precios más bajos. Pero la vicepresidenta denunció que durante el mandato socialista se ha producido una proliferación de esos organismos, con competencias que se solapan y que suponen una multiplicación de estructuras con el consiguiente aumento de gastos.

Citó, a modo de ejemplo, que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) -creado por la ley general de Comunicación en 2010, no ha llegado a materializarse-, contaba con un presupuesto de 7 millones de euros para el ejercicio 2012. El CEMA ha quedado sentenciado porque, según Sáenz de Santamaría, «otro regulador puede llevar a cabo la misma tarea». Aunque las asociaciones de teleespectadores han defendido su creación, el PP siempre la consideró un despilfarro, porque la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CMT) podría asumir sus funciones.

Los principales reguladores son, además del CEMA y la CMT, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional del Sector Postal. El Gobierno socialista también anunció la creación de la Comisión Nacional del Juego.

Austeridad

Junto al principio de austeridad, el Gabinete pone el foco en la «profesionalidad» de los miembros de los reguladores, para conseguir que sean neutrales y «verdaderamente independientes», con una trayectoria debidamente contrastada y sin ninguna incompatibilidad con el sector sobre el que tomarán decisiones. También estarán sometidos a mayor control parlamentario.

Los reguladores ya entraron en una etapa de cambios con la entrada en vigor de la ley de Economía Sostenible. El número máximo de consejeros quedó reducido a siete y los mandatos se limitaron a periodos de seis años -legislatura y media- no renovables. Pero la norma en vigor, que exige de los vocales «reconocido prestigio y capacidad profesional», deja en manos del Ejecutivo y de la negociación política la llave de los nombramientos.

Junto a la simplificación de organismos, los populares han defendido que el presidente de cada regulador sea refrendado en el Congreso por mayoría cualificada y que los vocales obtengan la aprobación por mayoría absoluta.

La reforma del sistema financiero, pese a formar parte del listado de temas urgentes, no apareció entre los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Ministros. La vicepresidenta se limitó a comentar que esta iniciativa busca el saneamiento de los balances bancarios y una más adecuada valoración de los activos por las entidades.