El PVRE asegura que el Consistorio no tiene previsto reducir el IBI este año

El Partido Vecinal Regionalista, después de mantener hace unos días un encuentro sobre la materia con representantes del equipo de gobierno del PP, denunció ayer que el alcalde, Ernesto Marín, «no contempla ninguna revisión ni rebaja del coeficiente en el recibo del IBI, debido a que, según ellos, la disminución de ingresos causaría un problema para las arcas municipales, y esos ingresos ya están considerados en los próximos presupuestos».

Este hecho supone para los miembros de esta formación política chiclanera una noticia pésima, máxime si se tiene en cuenta la revisión al alza de los recibos de la Contribución que supuso la nueva ponencia de valores de 2007, y la reciente anulación del Plan General de Ordenación Urbana.

Por tal motivo, desde el Partido Vecinal Regionalista se ha exigido al gobierno municipal que «ponga en conocimiento de la Gerencia del Catastro de forma oficial la Sentencia del Tribunal Supremo anulatoria del PGOU», y que se solicite «a la revocación de la ponencia de valores de 2007 para el municipio».

Recursos

En ese sentido, y según ha podido saber este medio, el Ayuntamiento de Chiclana, a través de su Servicio de Rentas, está contestando por carta a los propietarios que han solicitado la devolución de las cantidades «indebidamente cobradas del IBI del año 2011 y la aplicación correcta del de el 2012» tras la anulación del Plan General.

A estos ciudadanos se les está requiriendo que en el plazo de quince días aporten la cédula urbanística de sus inmuebles. Algunas entidades vecinales recomiendan a sus asociados que no presenten dicho documento (que conlleva el pago de una tasa administrativa por expedición), en base al artículo 35 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que establece el derecho a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante.

Hay que recordar que estas reclamaciones por el cobro de un impuesto de bienes inmuebles engordado por la revisión de la ponencia de valores realizada en 2008, se envían desde la administración local a la dirección provincial del Catastro para que las tramite y, llegado el caso, las resuelva de manera favorable.