El Gobierno informará por primera vez sobre las cuentas del Rey y el caso Urdangarin

Por primera vez, el Gobierno estará obligado a informar al Parlamento sobre gastos y actividades de la Familia Real, incluso sobre aspectos relacionados con el 'caso Urdangarin'. En una decisión sin precedentes, la Mesa del Congreso decidió ayer admitir 60 del casi centenar de preguntas que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó a finales de 2011, reclamando todo tipo de información sobre las cuentas de la Casa Real y las repercusiones del proceso judicial que afecta al duque de Palma.

El órgano de Gobierno de la Cámara baja, no obstante, rechazó otra treintena de demandas sobre la familia de don Juan Carlos, al entender que son asuntos que no entran en la función de control del Parlamento sobre el Ejecutivo, que no son competencia del Gobierno o que se trata de cuestiones de estricto orden jurídico, que el reglamento no permite.

El Gobierno, que tras la decisión de la Mesa tendrá unos 40 días para dar contestación, deberá enfrentarse ahora a una batería de preguntas, algunas muy delicadas, que los independentistas catalanes llevaban meses, si no años, introducir en la Cámara sin éxito.

«Trabajo titánico»

Los responsables parlamentarios no aclararon cuáles exactamente de las preguntas han sido vetadas y cuáles han pasado el filtro. A pesar de no conocer aún la resolución oficial, ERC se mostró satisfecha por lo que consideró todo un «éxito». El diputado Joan Tardá, responsable de la ofensiva parlamentaria (que calificó de «trabajo titánico»), reconoció, no obstante, su malestar por el hecho de haber tardado tanto tiempo en conseguir el visto bueno de la Cámara y que el permiso haya llegado a «golpe de escándalo», en clara referencia al 'caso Urdangarin'. «Ha costado años romper un boquete en el muro del absoluto desprecio al trabajo parlamentario», denunció Joan Tardá, quien se mostró cauteloso sobre la actitud que tomará el Gobierno, cuál será la «calidad de las respuestas» y si solo contestará «obviedades», tal y como temen los republicanos.

Sea como fuere, en la batería registrada por ERC había todo tipo de cuestiones. Sobre el duque de Palma, el partido formulaba al Gobierno preguntas como si se va a incrementar la fiscalización de la Monarquía, sobre todo sus cuentas, a raíz de la investigación sobre el Instituto Nóos; si el 'caso Urdangarin' se podría haber evitado si la Familia Real tuviera más transparencia en sus números; o si el Ejecutivo va a informar en el Congreso sobre esta supuesta trama corrupta.

Sobre la Casa Real, en particular, las preguntas de ERC incidían en cuestiones como: asignaciones de los miembros de la Familia Real, trabajos remunerados que realizan, tipo de declaración de la renta que hacen, las donaciones que han recibido, el uso de esos supuestos regalos, gastos de viajes privados y oficiales, residencias a nombre del Rey y sus allegados, el número de funcionarios que trabajan para la Corona y sus sueldos o los servicios sanitarios de los que gozan.