El Gobierno espera que Europa costee las fusiones bancarias

El Gobierno confía en que Europa corra con buena parte de los costes de la nueva y definitiva fase de la reestructuración bancaria española. Por eso le han tranquilizado sobremanera los dos mensajes emitidos por respetables autoridades comunitarias. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha puesto todo su empeño en conseguir que el mecanismo permanente de estabilidad pueda estar en marcha el próximo julio, y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quiere que se amplíen y flexibilicen sus potencialidades, así como las del actual fondo de rescate. Todo ello con la finalidad de ayudar a la recapitalización de los bancos que «no están sujetos a un programa». Es decir, de aquellos países vulnerables a la presión de los especuladores pero que no han tenido que ser objeto de rescate.

Mariano Rajoy se ha comprometido a que la reconversión del sector financiero español, urgente y necesaria para que el crédito vuelva a fluir hacia empresas y familias, no engrose el déficit público ni, en definitiva, corra a cargo del contribuyente. Si finalmente la paga Europa, algo le tocará, pero será infinitamente menos si los fondos se captan contando con la elevada solvencia de otros socios. Estos recursos podrían servir para diferentes diseños, desde una especie de 'banco malo' -fórmula descartada inicialmente por el Gobierno, y también por los grandes del sector- hasta un esquema individualizado de protección de activos, como el que se aplicó en la CAM y que animaría a más de uno a arrimar el hombro en operaciones de salvamento.

La nueva reforma del sector financiero, que el Gobierno aprobará a mediados de febrero, debe propiciar una segunda oleada de fusiones, insistió el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien añadió que el Ejecutivo se limitará a establecer «el marco general y las condiciones», sin realizar ningún análisis de operaciones concretas ni opinar sobre sus protagonistas. Pero el mismo De Guindos ha dicho que quiere tener sobre la mesa propuestas de fusión en el plazo de «dos o tres semanas». Para que el crédito se restablezca, han explicado desde el presidente Rajoy a los miembros de su Gabinete, es preciso que los bancos y cajas ajusten a precios de mercado los activos, principalmente suelo e inmuebles, que se han adjudicado por impagos, o que corresponden a préstamos fallidos, en situación de morosidad o de dudoso cobro en el futuro próximo. De Guindos ha estimado que darles cobertura puede suponer que las entidades realicen unos 50.000 millones de provisiones adicionales. Lo podrán hacer «en varios años», ha dicho, pero si bien los grandes grupos tienen a su alcance atender estas exigencias con los recursos generados por su propio negocio, hay otras instituciones, en su mayoría cajas, que van a necesitar auxilio exterior.

Las fusiones permiten apuntar provisiones para sanear balances con cargo al patrimonio. En el mercado se menciona el acercamiento entre La Caixa y Bankia, una operación que los dos protagonistas desmienten. Pero todas las fusiones han sido negadas por sus protagonistas hasta el último momento. Esta operación, que daría lugar a un gigante bancario, tropieza con obstáculos como la necesidad de importantes fondos de saneamiento o el elevado número total de oficinas -que exigiría un drástico adelgazamiento- sin olvidar la dificultad de aunar las voluntades de dos dirigentes -Isidro Fainé y Rodrigo Rato- de gran peso. Aunque las relaciones personales entre ambos son buenas, las copresidencias bancarias nunca han funcionado en España, y existen ejemplos.

Candidatos a procesos de fusión hay muchos. La catalana Unnim se adjudicará este mismo mes, y en el sector se ha abierto camino la idea de que será Banco Popular el adjudicatario. También el intervenido Banco de Valencia será sujeto de puja. Y con el FROB como propietario de la mayoría de su capital se encuentran Catalunya Caixa o NovaCaixaGalicia. Si las condiciones de saneamiento que impone el Gobierno aprietan, a la lista podrían sumarse otras instituciones.