Garzón se enfrenta a 17 años de inhabilitación por prevaricación

Baltasar Garzón se sienta hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo para ser juzgado por supuesta prevaricación durante la investigación del 'caso Gürtel'. Las acusaciones piden para el juez de la Audiencia Nacional entre 10 y 17 años de inhabilitación por intervenir conversaciones que los implicados en la trama corrupta mantuvieron en prisión con sus abogados. La vista oral se prolongará hasta el jueves.

Garzón se enfrenta a dos delitos, prevaricación continuada (juzgar resoluciones injustas a sabiendas, la peor de las acusaciones que se puede imputar a un juez) y uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. La acusación pública estará representada por la fiscal Pilar Fernández Valcarce, que no acusa a Garzón por no ver delito en su actuación.

Después de que el juez lograra recusar a parte del tribunal, al final la sala estará compuesta por siete magistrados: Joaquín Giménez (presidente), Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.

Varela es el juez que abrió juicio oral contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo (comenzará el próximo 24 de enero) y Marchena es el instructor de las tercera de las causas que se sigue contra el juez en el Supremo, la de los pagos de los cursos impartidos en Nueva York.

La acusación particular la ejercen los abogados Ignacio Peláez, querellante inicial, fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional y defensor de un imputado del caso 'Gürtel'; José Antonio Choclán, exmagistrado y defensor de Francisco Correa, cerebro de la trama corrupta que implicó a altos cargos del PP; y Gonzalo Rodríguez Mourullo, que defiende a Pablo Crespo, brazo derecho de Correa y que en la actualidad está en prisión.

Claves

Lo que se juzgará desde hoy es si Garzón vulneró el derecho a la defensa, después de que ordenara intervenir las comunicaciones en prisión durante 75 días, lo que incluyó las entrevistas de los presos con sus abogados. Pese a que el juez defiende que no pretendió escuchar a los letrados y que especificó este punto en sus resoluciones judiciales, el magistrado del Supremo que decidió llevarlo a juicio, Alberto Jorge Barreiro, aseguró que laminó las garantías constitucionales de los abogados.

La defensa del juez defiende que existían indicios de que los cabecillas se valían de «algunos abogados» para blanquear el dinero, que las grabaciones fueron advertidas a los letrados y que su contenido «jamás» fue utilizado en la investigación. Sin embargo, la cobertura legal de las escuchas solo se ampara para supuestos de terrorismo.