El Gobierno ya maneja el armazón de la nueva reforma laboral

Superado el ultimátum concedido a patronal y sindicatos para apurar la negociación en busca de un pacto laboral amplio, que no ha dado fruto alguno, el Gobierno trabaja ya en la redacción de la que será su reforma. Y lo hace con unos mimbres claros, las 71 enmiendas que el PP presentó al último cambio legislativo realizado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. El objetivo, según varios miembros del gabinete Rajoy, es orientar la normativa para facilitar no el despido sino la contratación, al tiempo que se impulsa la flexibilidad interna de las empresas y el empleo estable.

Fátima Báñez, que desde su llegada al madrileño paseo de La Castellana (donde se ubica la sede del Ministerio de Empleo) ha realizado ya una gran labor de 'cocina', se afana estos días en el asunto. Su departamento explica que no hay marcados plazos perentorios y que la comunicación con los agentes sociales se mantiene abierta. Sin embargo, el presidente del Gobierno sí ha puesto una fecha: el primer trimestre del año. No hay margen para otra cosa, a la luz de la enorme presión de los mercados para que España afronte una profunda reforma laboral.

El propio Mariano Rajoy explicó ayer que el giro regulatorio se hará «pronto», y volvió a realizar un llamamiento a patronos y sindicatos para que todos «remen en la misma dirección», la de la creación de empleo. Fuentes próximas al presidente añadieron después que ese llamamiento a la unidad de acción era una petición de apoyo a la reforma que finalmente salga, pues se da por hecho que será el Gobierno quien legisle ante la falta de acuerdo.

Responsabilidad

En no pocas ocasiones durante los últimos días el jefe del Ejecutivo y la ministra de Empleo han apelado a la «responsabilidad» de unos y otros frente a los más de cinco millones de parados que sufre la economía española. Algo que no ha sentado bien a los sindicatos.

Rajoy, que celebraba una conferencia de prensa junto al presidente francés, Nicolas Sarkozy, confirmó la importancia de esas 71 enmiendas que, sin embargo, no se trasladarán a la nueva regulación sin más, pues habrá que actualizarlas y encajarlas de la mejor manera posible en la situación macroeconómica actual.

En aquella labor de oposición al PSOE, el partido hoy en el Gobierno abogó por potenciar el contrato de fomento del empleo (con 33 días de despido) flexibilizando los requisitos para su aplicación mediante, por ejemplo, la eliminación de la exigencia de que el empleado en cuestión esté tres meses en el paro antes de rubricar su contrato (en su día, el PP habló de 15 días).

La cuestión, y a eso también se refirió el lunes el titular de Industria, José Manuel Soria, es facilitar al máximo el empleo estable. Otras de las ideas que el PP manejó en su día fueron los de agilizar la revisión de los convenios colectivos sin necesidad de denuncia previa o el favorecimiento del descuelgue a través de un acuerdo empresa-trabajadores. En su día, los populares se mostraron en contra de las huelgas o los conflictos colectivos que pretendieran alterar lo pactado en los convenios mientras estuvieran vigentes y a favor de simplificar la contratación y la negociación colectiva.

Como también aplaudieron la posibilidad de que la empresa tuviera más margen de maniobra a la hora de plantear suspensiones temporales de contrato o un manejo más flexible de la jornada si el contexto de la firma se deterioraba de forma notable para, se dijo en su día, que el despido sea «el último recurso». La regulación del tele-trabajo, citada estos días por Báñez, es otra de las apuestas del Gobierno.