El Gobierno multará a las autonomías que sobrepasen el techo de gasto

«El Gobierno no dirá a las comunidades autónomas cómo tienen que gastar sus presupuestos, pero sí el dinero que tienen para gastar». Soraya Sáenz de Santamaría resumió con esta frase la filosofía de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, cuyo anteproyecto estudió ayer el Consejo de Ministros. Un criterio que se aleja de lo esbozado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien anunció en un diario británico que el Gobierno aprobaría en marzo una norma que obligaría a los gobiernos regionales a pasar un control previo para poder aprobar sus presupuestos. Una idea que provocó un aluvión de críticas, sobre todo desde territorios no gobernados por el PP aunque también desde comunidades regidas por los populares, y que al final ha quedado descartada.

La ley que ultima el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, emana de la reforma constitucional que aprobaron PP y PSOE al final de la legislatura pasada e incluirá sanciones a los gobiernos autonómicos que incumplan los techos de gasto o los compromisos de déficit que se pacten en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno afirma que respetará la autonomía de los ejecutivos regionales y locales, pero deja menos margen de maniobra a esos gobernantes porque los presupuestos de cada administración pública deberán acompañar la equivalencia y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, un criterio que hasta ahora solo cumplía el Estado.

Además, las cuentas públicas deberán recoger información sobre niveles de endeudamiento, inversiones de empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados del fórmulas de pago aplazado.

El anteproyecto de esta ley, que el Gobierno analizará el martes con todos los consejeros de Economía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, incluye la obligación para todas las administraciones públicas de presentar equilibrio o superávit presupuestario al final de cada ejercicio.

Los número rojos, salvo en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situación de emergencia extraordinaria, no podrán superar el 0,4% del Producto Interior Bruto. El resto de entidades públicas autonómicas, como empresas, agencias o fundaciones, que hasta ahora escapaban al control de la Intervención General del Estado, deberá presentar equilibrio financiero, es decir, que los ingresos deberán ser los mismos que los gastos. En cuanto a la deuda, no podrá rebasar el valor de referencia del 60% del PIB establecido en la normativa europea, salvo en las circunstancias excepcionales citadas.

Con estos parámetros, por ejemplo, varias comunidades habrían sido sancionadas durante 2010 por incumplir el déficit. La previsión para todo el ejercicio era del -1,4%, pero según los datos del tercer trimestre del año pasado, falta por conocer las cifras del cuarto, Castilla-La Mancha se situó en un -4,69%; Murcia, en un -3,12%; Valencia, en un -1,82, por citar algunos ejemplos. Con el agravante de que los gastos en el último trimestre, el que falta por auditar, son los más elevados del año y pueden disparar aún más esos poprcentajes.

Confianza y solvencia

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que la decisión de Mariano Rajoy es no dejar caer a ninguna comunidad autónoma, aunque sin comprometerse a salir al rescate de aquellas regiones con peores perspectivas económicas. «El Gobierno va a trabajar por la confianza y solvencia del conjunto de las administraciones», espetó.

Lo que sí quiso quedar claro es que estas restricciones presupuestarias no serán una medida coyuntural, sino que se seguirán vigentes cuando se remonte la crisis. España, detalló Sáenz de Santamaría, pretende «trasladar un mensaje de compromiso con el control del déficit público general y permanente».

Sáenz de Santamaría apeló, además, a la «necesaria» lealtad institucional de todas las administraciones públicas a la hora de lograr la estabilidad presupuestaria porque «España responde como un solo estado ante la Unión Europea». Un dato facilita, al menos a priori, la cooperación y el diálogo que reclama la vicepresidenta entre el Gobierno central, las autonomías y las grandes ciudades, el PP gobierna en 11 autonomías y en los principales ayuntamientos de España.

La apuesta del PP por esta ley, que Rajoy prometió durante el Debate de investidura que estaría aprobada antes de marzo, aspira a colaborar en la «recuperación» de la confianza internacional en España, según apuntó la número dos de Ejecutivo. «Queremos -dijo- ser pioneros anticipándonos a lo que están siendo las grandes reformas de gobernanza en el seno de la Unión Europea».

Lo que aún queda por establecer son, precisamente, las sanciones para las administraciones incumplidoras. La vicepresidenta enfatizó que las multas serán más graves para aquellos gobiernos que reincidan en déficit excesivos, pero no detalló en qué consistirían. Otras fuentes del Gobierno explicaron que una de las penalizaciones podría ser la prohibición de recibir anticipos a cuenta de los ingresos que el Estado transfiere cada año a las comunidades.