La pobreza conduce a la silla de ruedas

Ser pobre predispone a sufrir algún tipo discapacidad. Un estudio de la Fundación La Caixa revela que en los hogares con bajos ingresos hay hasta cuatro veces más probabilidades de padecer una minusvalía. Todo un círculo vicioso acecha a los individuos de rentas modestas. Está demostrado que los más necesitados presentan peores indicadores de salud que los individuos a los que les sobra el dinero. Como las patologías son fuente de discapacidad, los menesterosos registran mayor porcentaje de enfermedades que causan merma de las facultades. La alteración de las funciones físicas o intelectuales aparece también asociada al nivel de estudios. Así, a menor grado de titulación, mayor es la proporción de discapacitados.

El estudio 'Discapacidad e inclusión social', obra del colectivo Ioé, destaca que en España existen 3,8 millones de discapacitados, lo que en términos absolutos significa un incremento de 300.000 personas desde 1999 a 2008. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) que sirve de base al informe, la proporción de afectados se ha reducido ligeramente, al pasar del 8,9% al 8,3%, un hecho que se explica por el incremento en cinco millones de personas de la población inmigrante, un grupo con mejor salud y menos minusvalías que los nativos.

Para Carlos Pereda, uno de los autores de la investigación, las discapacidades sobrevenidas antes de la edad de jubilación están íntimamente ligadas a las «condiciones precarias de vida y trabajo». Por eso, en los hogares con ingresos por debajo de los 1.000 euros al mes las discapacidades representan un 8,4%, una cifra que cuadruplica a la tasa existente en las familias con recursos superiores a los 2.500 euros mensuales (2,4%).

Prestaciones

Pese a que en España se conceden un millón de pensiones de invalidez, prestaciones que perciben el 75% de los afectados, los ingresos medios de los discapacitados son un 25% más bajos que en el resto de los españoles. El deterioro económico que soportan las personas con minusvalías tiene mucho que ver con la altísima tasa de paro que soportan, del orden del 41% en 2011, porcentaje que duplica la media. Por añadidura, el paro de larga duración, aquel que engrosan los desempleados que no trabajan desde hace más de un año, alcanza el 57%, muy por encima de la población desocupada en general (21%)

Para colmo de males, las medidas de ahorro aprobadas por el nuevo Gobierno del PP frenan el acceso a nuevas prestaciones. La secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Roser Romero, denunció que los discapacitados están abocados a «sufrir mayor exclusión social» que los individuos sanos. Si la ley de Dependencia costó trabajo aprobarla, con lo que los discapaciados fueron los últimos en acceder a esta columna básica del Estado del bienestar, «ahora son los primeros en ser privados de sus derechos». Todo ello configura una situación desalentadora, sobre todo teniendo en cuenta que España será el país más envejecido del mundo en 2050, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El empleo remunerado, que supone la principal actividad del 66% de los españoles, es tres veces menor en los discapacitados, en los que el trabajo retribuido apenas beneficia al 28%. Como una pescadilla que se muerde la cola, la precarización que aguantan las personas con minusvalía está muy relacionada con su bajo nivel de estudios. Del millón y medio de sujetos que se encuentran en edad laboral, el 7% son analfabetos (en la población general lo es solo el 1%) y una cuarta parte no ha terminado la educación primaria.

Ayudas técnicas

Carlos Pereda destacó que tres de cada cuatro personas reciben ayudas técnicas o personales, circunstancia que alivia de forma muy notable la gravedad de sus limitaciones. Por eso es doblemente doloroso que mengüen en este momento las prestaciones. No en balde, más de medio millón de personas reclaman infructuosamente aparatos que aligeren sus carencias y 250.000 piden sin éxito ayudas personales. Es llamativo que la mayoría de los que se ven privados de estos auxilios sean mujeres, que llegan a ser el 75% de los tres millones de cuidadores. Como destacó el investigador Carlos Pereda, resulta paradójico que mientras son legión las mujeres que atienden a discapacitados, son ellas las que menos cuidados reciben cuando los necesitan. Un 69% de las personas desatendidas pertenecen al sexo femenino.

Ante este panorama, no es extraño que los individuos con discapacidad que se emancipan de sus familias constituyan una parte muy inferior con respecto a los que se registran en la población general. Una cuarta parte de ellos se han sentido discriminados debido a sus limitaciones.