El Gobierno saca adelante su subida de impuestos con el único apoyo de CiU
Montoro pide «olvidar las ideologías» para combatir la crisis, mientras que el PSOE acusa a Rajoy de «consumar su engaño»
Actualizado: GuardarCiU salvó ayer al Gobierno de tener que aprobar en soledad su controvertida subida de impuestos. El Congreso dio vía libre al decreto de medidas económicas urgentes que incluye, además del incremento temporal del IRPF y del IBI, el recorte presupuestario de 8.900 millones de euros. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se encargó de la defensa de esta iniciativa, mientras que Mariano Rajoy asistió en silencio desde su escaño al devenir del pleno.
La mayoría absoluta de la que goza el PP esta legislatura (186 diputados) dejaba poco margen para la sorpresa, pero el respaldo de los nacionalistas catalanes supone validar la política de ajustes puesta en práctica por Mariano Rajoy. El resultado final de la votación confirma que el PP va a pasar muy pocos apuros en sede parlamentaria: 197 votos a favor, 138 en contra y cuatro abstenciones.
En cierta manera, el 'sí' de CiU al 'tijeretazo' obedece a una especie de quid pro quo, porque el PP avaló en solitario en el Parlament el amplio catálogo de recortes que propuso Artur Mas en noviembre pasado. Un paquete que incluía la congelación salarial y el aumento de horas de trabajo de los funcionarios, el alza de la parte autonómica de los impuestos especiales y el copago sanitario.
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Sánchez i Llibre, aseguró que su formación había optado por dar un balón de oxígeno al Gobierno por «rigor presupuestario, coraje y valentía política». Un cambio sustancial de postura si se compara con la que mantuvieron los nacionalistas catalanes hace tres semanas, cuando votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy.
Montoro, antes de la votación, defendió con vehemencia desde el atril del hemiciclo que el Gobierno tuvo que acometer el 30 de diciembre «el mayor ajuste de la democracia, 15.189 millones de euros» para hacer frente a un «agujero de 20.000 millones de euros, un verdadero agujero negro». Montoro recurrió al mismo hilo argumental que han empleado en los últimos días sus compañeros de Ejecutivo: culpar de este incumplimiento electoral a la herencia recibida del PSOE.
Recalcó, además, que el Gobierno ha pedido a los españoles un esfuerzo «equitativo y ponderado». A su juicio, son los ciudadanos que «más tienen» los que van a hacer una aportación extraordinaria durante los próximos dos años para financiar al Estado.
«Un esfuerzo pequeño de muchos hace un gran esfuerzo de país», remachó Montoro. El titular de Hacienda se autofelicitó por la celeridad con la que actuó el Ejecutivo, tras tener conocimiento «el 27 de diciembre, cuando ya tuvimos acceso a las máquinas» para acometer un plan de ajuste con el que se recuperó «credibilidad internacional». Montoro, en otro momento de su alocución, solicitó al conjunto de formaciones del arco parlamentario «dejar a un lado las ideologías para tomar decisiones que corten de raíz la crisis económica que estamos sufriendo».
Una «altura de miras» que, según le espetó el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso, no tuvo el PP cuando estaba en la oposición y el anterior Ejecutivo adoptaba medidas anticrisis que nunca fueron cobijadas por el PP. Alonso, con Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón -aspirantes a la secretaria general de PSOE- en sus respectivos escaños, calificó de «malo» el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno porque dañan el poder adquisitivo del conjunto de los ciudadanos, «carecen de eficacia» para reactivar la economía y recortan derechos sociales.
Asimismo, reprochó a Rajoy ser «el único líder europeo» que no ha explicado su plan de ajuste en sede parlamentaria. Añadió que el presidente sabía «mucho antes» de jurar su cargo como presidente que tendría que recortar 16.000 millones. Alonso aseveró que, con el incremento de impuestos, «Rajoy consuma su engaño electoral» porque prometió que no lo haría. Negó rotundamente que los socialistas hubieran escondido datos económicos durante el traspaso de poderes.