El inicio del inicio

El PP ganó las elecciones con un discurso político en el que aparecía la creación de empleo como su máxima prioridad, pero las primeras medidas que ha tomado el gobierno de Rajoy (subir los impuestos, reducir el empleo público y la cobertura social) no apuntan en esa dirección. Ni el presidente ni sus ministros hablan ya de generar empleo, sacando a España de la crisis, sólo parecen preocupados por reducir el déficit de las administraciones públicas.

Son innumerables las citas en las que los dirigentes del PP denostaron la subida de impuestos y se comprometieron a no hacerlo cuando gobernaran. Señalemos algunas que por su rotundidad puedan servir de ejemplo:

«La subida de impuestos es el sablazo que el mal gobernante le pega a sus compatriotas», decía Rajoy en Valencia, el 14 de marzo de 2010. En coherencia con este discurso, moneda corriente en los políticos de la derecha, uno de los escasos compromisos electorales asumidos en su muda campaña electoral fue la de no subir la presión fiscal. Poco ha durado la solemne promesa, aunque sigue fiel a la costumbre de no dar explicaciones a los ciudadanos.

«Los grandes impuestos no se deben subir porque la economía está parada. Tenemos el riesgo de que la economía entre en recesión. Subir los impuestos traería menos crecimiento económico, más problemas y más paro», manifestaba Montoro el 12 de diciembre pasado. Por su parte, Arenas en el Parlamento de Andalucía manifestaba: «la subida de impuestos es letal para el consumo, la inversión y la creación de empleo».

En abierta contradicción con lo manifestado y comprometido, las primeras decisiones del Gobierno del PP han sido: subir el IRPF en todos los tramos y los impuestos que gravan los rendimientos del capital. Esta distancia entre lo dicho y lo hecho no es una novedad, ya subieron el IBI y en general la presión recaudatoria en muchas ciudades tras las elecciones municipales.

Con la subida de impuestos aprobada por el Gobierno se castiga a los trabajadores, que aportarán dos tercios de lo que se espera recaudar a través del IRPF, mientras que el resto lo aportarán los ahorradores de las clases medias.

Corren malos tiempos para el empleo público, condenado a decrecer en los próximos años a consecuencia de la bajada de la tasa de reposición, que ha pasado del 30 al 10 % por acuerdo del último Consejo de Ministros, lo que significa que de cada 10 médicos, profesores o policías que se jubilen, sólo uno será sustituido. La desaparición de los otros 9 supondrá una merma en la calidad del servicio público que prestaban.

En esto se traduce, por el momento, el compromiso de que no se tocarían los servicios públicos; los dejarán languidecer lentamente, mientras se montan los negocios privados de sanidad, educación o seguridad, a los que acudirán los que tengan recursos para pagárselos, impulsados por la decadencia de lo público. Ya lo dijo un Secretario de Estado del gobierno de Aznar, mientras reducía el número de policías y guardias civiles y promocionaba la seguridad privada: «el que quiera más seguridad que se la pague».

Los sectores más vulnerables deberán sumar a la lacra del desempleo una amplia batería de recortes aprobados por el gobierno de Rajoy, entre los que destacan: la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, la paralización de la aplicación de la Ley de Dependencia, para que no puedan incorporarse nuevos beneficiarios al sistema, la supresión del acceso a la Renta Básica de Emancipación (ayuda a jóvenes para el pago del alquiler de su vivienda) a nuevos perceptores.

También deberán esperar tiempos mejores las medidas para avanzar hacia un nuevo modelo productivo, ya que el gobierno del PP ha decidido aplicar la tijera-guadaña del recorte a las inversiones productivas, el fomento empresarial y los programas de investigación, desarrollo e innovación.

Nadie discute que es necesario reducir el déficit, pero también es necesario estimular el crecimiento económico, porque es la única forma de crear empleo. Las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy no solo no estimulan el crecimiento, sino que lo paralizan aún más, dificultando con ello la situación del mercado laboral.

El incremento de las provisiones bancarias, cuantificadas en unos 50.000 millones de euros por el Ministro de Economía Luis de Guindos, como la clave de la reforma financiera que propugna el gobierno del PP, para cubrir el creciente deterioro de los activos inmobiliarios (viviendas y solares), bloqueará todavía más la concesión de créditos a las empresas y la creación de empleo. La alternativa barajada por Rajoy es la de crear un banco malo, que con aval público asuma estos activos tóxicos, trasladando la carga al conjunto de los ciudadanos.

La cacareada confianza que traería, como por ensalmo, la llegada del PP al gobierno, por el momento sólo es un tropel de impuestos y recortes, que pagan y sufren los trabajadores y las clases medias. Lo malo es que esto sólo ha sido el comienzo; como dijo la vicepresidenta «el inicio del inicio». Habrá más en cuanto el calendario electoral de las andaluzas lo permita.

Para el debate político siempre les quedará la fórmula que patentó Aznar: «paro, despilfarro y corrupción». Tiene la ventaja que a sus votantes les trae al fresco, mientras que desmoviliza a los del adversario, pero tendrán que aceptar que no es suficiente como programa de gobierno, para quienes tienen que asumir esa tarea.