La Junta aprueba el decreto que da solución a 40.000 viviendas ilegales en la provincia

La solución a las edificaciones ilegales se acerca cada vez más a la creación de nuevos núcleos urbanísticos que a la demolición. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto -que cuanto menos ha resultado polémico- para dar salida a 250.000 viviendas irregulares en toda Andalucía. En la provincia suman más de 40.000 y la gran mayoría de ellas formará parte de los procesos de urbanización.

Ya los planes generales y los territoriales dan margen para que estas construcciones entren en el marco de la legalidad, pero era necesaria una herramienta para llevarlo a cabo. Eso es lo que supone este documento que tendrá que superar el trámite parlamentario para el que apenas quedan dos meses antes de las elecciones autonómicas.

Según explicó ayer la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, esta norma establece vías para la legalización o reconocimiento de las edificaciones cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de cada circunstancia. Es decir, que habrá que estudiar caso por caso.

Los datos ofrecidos por la consejera indican que la norma dará respuesta a unas 250.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable. Por establecer una media, la Junta calcula que de cada diez viviendas una se podrá regular, ocho serán reconocidas y una deberá ser demolida, en concreto las construidas en zonas protegidas.

Licencia o reconocimiento

«En muchos casos la viviendas eran ilegales, pero el delito ya ha prescrito, por lo que el decreto supone un ejercicio para adaptar la realidad física a la jurídica. Se trata de acotar un fenómeno del pasado que se ha venido desarrollando durante muchos años», afirmó.

Sin embargo, dejó claro que «no se trata de una regularización indiscriminada, sino una respuesta acorde con la situación». De esta manera, las casas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad de obtener, bien la licencia de ocupación o de un reconocimiento de acuerdo a la situación jurídica que evite el riesgo de ser demolida. Y es que es preciso aclarar que no se trata de hacer legales unas construcciones que no lo son, sino de darles una regularización que les permita, entre otras cuestiones, poder optar a unos servicios básicos como la luz o el agua.

Tal como se presentó ayer, el decreto contempla tres grandes supuestos: las casas aisladas, los asentamientos urbanísticos -entendidos como parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos- y los denominados hábitat rural diseminados, que tienen usos y actividades vinculadas con el medio rural. El más representativo de estos casos es el del municipio de Jerez, uno de los más grandes de toda España y que acumula el grueso de las construcciones de este tipo en la provincia.

No en vano, como cuantificó en su momento el Ayuntamiento de Jerez a través de la Delegación de Urbanismo, hay alrededor de 900 asentamientos de este tipo que se podrán regularizar con este decreto recién aprobado.

Se trata de asentamientos rurales históricos, que están levantados en zonas no inundables y que hasta el momento se habían quedado al margen de los distintos PGOU, pero que ya se han incorporado al que está ahora en vigor. De esta forma, se beneficiarán parcelas ubicadas en 16 núcleos como El Polila, Puente de la Guareña, Magallanes, La Inmaculada, Gibalbín y Cuartillos, entre otros.

Chiclana es la localidad andaluza con mayor número de construcciones irregulares. Suman en torno a 15.000 según un estudio oficial realizado por la propia Consejería. Ese informe identifica 10.632 viviendas en áreas de gestión básica, otras 2.292 en suelo no urbanizable y 2.082 en terreno susceptible de ser urbanizable.

Una dura tarea tiene también El Puerto, que se encuentra en trámites de aprobación del nuevo PGOU. El Ayuntamiento calcula que tras la entrada en vigor de este plan quedarán 3.741 residencias ilegales que podrían encontrar salida con este nuevo decreto. Sin embargo, ha sido imposible incluir en el planeamiento los núcleos de El Pinar de Coig, El Barranco y El Carmen II por encontrarse en una zona de espacios libres o estar bajo un proceso judicial. Más adelantado lo lleva el Ayuntamiento de Vejer, que ya tienen un proyecto seguro para reurbanizar los núcleos ilegales de El Palmar. El nuevo equipo de Gobierno del PP instalará solo los servicios básicos, lo que ha logrado abaratar los precios para que los propietarios puedan asumir el coste de la legalización.

Otro millar hay en varias pedanías de Barbate que aún están a la espera de un proceso regulador. Así como en la Costa Noroeste, donde ya se planteaban soluciones en el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la comarca. Sanlúcar cuenta con unas 6.000, mientras que Chipiona tendrá que regularizar en torno a 3.100.

Sea como fuera, y tal como ya informaron en su momento desde el Ayuntamiento de Jerez cuando se tramitó la inclusión en el PGOU del hábitat rural diseminado, en ningún momento se está hablando de una amnistía masiva para las casas ilegales, o de una legalización, en el sentido más completo de la palabra, sino que de lo que se trata es de regularizar situaciones que son una realidad y que en muchos casos llevan décadas con este problema a cuestas. Por eso, podrán optar a servicios básicos, pero no construir más o ampliar las viviendas existentes.