La Junta ultima la revisión de las Normas Sustantivas previas al PGOU

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Andrés Núñez (PP), fue ayer tremendamente contundente respondiendo a las críticas que el borrador de las denominadas Normas Sustantivas Transitorias de Ordenación Urbanística Local ha despertado en el Partido Vecinal.

Para Núñez, «Chiclana necesita de seguridad jurídica y rigor urbanístico». Es por ello por lo que desde el equipo de gobierno municipal se exige al resto de formaciones políticas como el PVRE, «que se unan en este cometido y eviten, en la medida de lo posible, anuncios e informaciones que puedan conducir a interpretaciones erróneas».

Según explicó ayer el titular de la Gerencia Municipal de Urbanismo local, las Normas Sustantivas que se elaboran en colaboración con la Junta de Andalucía tras la anulación del Plan General de Ordenación aprobado en 2007 por parte del Tribunal Supremo, «podrán tener un vigor de hasta dos años, y responden a una solución encontrada por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía con la finalidad de que el municipio no quede paralizado urbanísticamente». Hay que recordar que la anulación del PGOU obliga a Chiclana a regirse por un documento de planeamiento de 1987, lo que podría suponer un verdadero caos jurídico y administrativo, y evita de facto la posibilidad, por ejemplo, de regularizar el extrarradio o conceder numerosas licencias de apertura de negocios y obras.

Urbanismo aclaró ayer a ese respecto que será el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previa audiencia al municipio y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, quien suspenda el documento de hace más de dos décadas y permita a la ciudad acogerse a las Normas Sustantivas Transitorias.

Éstas están siendo elaboradas y consensuadas por técnicos de ambas administraciones competentes y tras la aprobación por parte de la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, la Dirección General de Urbanismo autonómica deberá emitir un informe favorable de estas normas transitorias para posteriormente someterlas a información pública durante un mes.

Será en este periodo en el que cualquier ciudadano podrá realizar las oportunas consideraciones o alegaciones. Una vez completada esta fase, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda elevará el documento al dictamen del Consejo Consultivo para recibir finalmente el visto bueno del Consejo de Gobierno.

En estos momentos las Normas Transitorias están pendientes de una última revisión por parte de la Junta según explicó ayer Andrés Núñez.

El delegado de Urbanismo de Chiclana también acusó al PVRE de faltar a la verdad al asegurar que la oposición no cuenta con información al respecto y defendió la transparencia con la que se está realizando este documento.

El edil del PP recordó que en los Consejos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 18 de octubre y 20 de diciembre de 2011 «se dio debida cuenta de la situación en la que se encontraba el documento, así como de las líneas en las que se estaba trabajando de la mano constante de la Consejería de Obras Públicas de la Junta».

Hay que recordar que las Normas Subsidiarias de 1987 están vigentes en estos momentos, y no recogen, por ejemplo, la posibilidad de regularizar más de 18 millones de m2 de suelo en el diseminado chiclanero.

La entrada en vigor de las denominadas Normas Sustantivas permitiría continuar con proyectos que ahora están paralizados. Según la oposición, en especial el Partido Vecinal Regionalista, el gobierno del PP adolece de «falta de voluntad» para llegar a un acuerdo, y lo único que pretende es «oficializar las más de 4.000 sanciones» impuestas.

La legalización de zonas como El Sotillo, Marquesado o Pago del Humo permitirían a más de 15.000 casas irregulares contar con servicios básicos y papeles.