Alaya pide investigar si con el dinero de los ERE se pagó cocaína a Guerrero

Una investigación de la Agencia Tributaria en Andújar (Jaén) ha dado un giro insólito al fraude de las ayudas a empresas y prejubilaciones pagadas con dinero de la Junta en la última década, conocido por el 'caso de los ERE' (expedientes de regulación de empleo), al destapar que un antiguo chófer de la Consejería de Empleo se enriqueció con subvenciones presuntamente injustificadas y que destinó parte de ese dinero a cocaína, bares y fiestas para él y el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, principal acusado del fraude. Esto es lo que ha declarado su exchófer, Juan Francisco Trujillo, a la policía judicial, si bien Guerrero lo desmiente y amenaza con querellas. Por lo pronto, la jueza que investiga los ERE, Mercedes Alaya, ha reclamado a los juzgados de Andújar la instrucción al tener relación directa con la trama que investiga.

La confesión de Trujillo a la policía judicial el pasado día 15 de diciembre se produce por una investigación de fraude en subvenciones públicas al no haberlas declarado a Hacienda. El exchófer admite que en 2004 recibió dos subvenciones de 450.000 euros cada una de la Consejería de Empleo destinadas a dos empresas creadas al efecto, Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial, una para alojamientos turísticos y otra para asesoramiento de empresas y fabricación de muebles. Estas ayudas fueron tramitadas y facilitadas por el exdirector general, del que fue su chófer durante varios años.

El aludido admite que no destinó el dinero a tal fin aunque hubo intento de ello. Confiesa que parte de él lo dedicó a comprar un terreno en la sierra, que luego vendió, y un piso en Sevilla para sede de las empresas que fue embargado por impago. Sobre el resto del dinero manifiesta haber entregado parte al exdirector general de Trabajo, otra parte lo dedicó a compras encargadas por este de telefonía, antigüedades y ropa y la mayor cuantía la destinó «a comprar cocaína para su jefe y para él», además de para ir «de fiestas y copas».

La confesión sobre la compra de droga con dinero destinado a pagar ayudas a empresas en crisis y a trabajadores desempleados no es lo único insólito y sorprendente de esta declaración. Trujillo confiesa un 'modus operandi' en la tramitación de ayudas ajeno a cualquier control y de forma arbitraria. Cuenta que siendo chófer de Guerrero se hizo amigo de este y frecuentaba con él bares de copas «a los que era aficionado» el exdirector general. En uno de ellos le comentó la potestad que tenía de conceder subvenciones sin necesidad de justificar nada.

Francisco Trujillo, que fue expulsado de la Junta en 2009 tras 20 años de servicio, también responsabiliza a Guerrero de instruirle sobre cómo montar empresas para recabar estas ayudas con un par de folios por cada expediente, papeles que entregó en mano al exdirector general.

Guerrero dice que es falso

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, dijo ayer a Efe que son «totalmente falsas» y «no tienen ningún fundamento» las declaraciones policiales de su antiguo chófer. De Pablo dice que su cliente niega haber comprado droga y objetos como haber recibido él mismo parte de las ayudas concedidas a su antiguo chófer. Guerrero también amenaza con proceder judicialmente contra Trujillo y todas las personas que se hagan eco de sus manifestaciones.

El caso de la cocaína, desvelado ayer por varios medios, entre ellos el diario 'Abc' de Sevilla, endureció el clima de acusaciones preelectorales entre PSOE y PP. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, calificó de «indecente, impresentable e intolerable» que se utilicen fondos destinados a los parados para comprar cocaína y fiestas. Sanz pidió la comparecencia en el Parlamento de José Antonio Griñán para que dé explicaciones en un pleno extraordinario sobre los ERE.

Antonio Sanz recordó que Griñán era consejero de Economía y Hacienda cuando el interventor general advirtió de irregularidades en la concesión de las ayudas.

La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, calificó de «muy grave» el caso si se confirma y pidió que caiga todo el peso de la ley «cuanto antes» sobre los culpables. Díaz insinuó que el PP lo conocía cuando el domingo Javier Arenas avanzó un escándalo nuevo en los ERE. «No me parece bien que Arenas tenga más información que el resto y no acuda a la justicia», dijo. El Gobierno andaluz emitió un comunicado recordando que ya denunció ayudas irregulares al chófer de Guerrero cuando remitió al juzgado de Alaya las empresas con subvenciones fraudulentas por importe de 20 millones de euros.