ESPAÑA

El pulso de Mas

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, quiere reclamarle cara a cara y «con seriedad» a Mariano Rajoy el pago de las deudas pendientes con Cataluña. Por ello le ha solicitado de manera formal una entrevista en la que, entre otros asuntos, busca exponer su propuesta de pacto fiscal. En el Govern catalán andan con la mosca detrás de la oreja con los primeros pasos y las primeras declaraciones del Gobierno central, que se ha olvidado lo que decían los dirigentes del PP catalán durante la campaña electoral sobre los 1.450 millones que reclama Cataluña del fondo de competitividad y los 759 millones por inversiones previstos en la adicional tercera del Estatut. CIU y el PP están condenados a entenderse: la federación nacionalista carece de mayoría absoluta en el Parlamento catalán para sacar adelante sus presupuestos, mientras que los populares necesitan a los convergentes para aumentar su base de legitimidad. Sin embargo, han empezado a aparecer unas pequeñas grietas en el hasta ahora débil matrimonio de conveniencia.

Más aún tras unas declaraciones del ministro de Economía en el diario Financial Times, según las cuales el Gobierno estaría barajando la posibilidad de controlar los presupuestos de las comunidades autónomas, que no han hecho sino aumentar la desconfianza desde Cataluña. O incluso la indignación, ya que la medida resulta «intolerable» e «inaceptable» desde el punto de vista del autogobierno, en tanto que se «cargaría el Estado autonómico, la autonomía y el autogobierno de Cataluña», según afirmó el portavoz del Govern, Francesc Homs. Hace tiempo que recorre por Cataluña el fantasma de una nueva Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico cuyo punto de partida muchas voces desde el nacionalismo catalán sitúan en la reforma constitucional exprés que aprobaron el PP y el PSOE sin el concurso de las fuerzas periféricas.

El miedo a que el PP caiga en la tentación recentralizadora está latente y en este punto los populares se encontrarán con una CiU beligerante. Porque para los nacionalistas el objetivo no es mantener el actual modelo autonómico, sino reformarlo. Lo dijo Mas el martes pasado: «Treinta años después no podemos seguir con el mismo esquema». Cataluña se siente maltratada desde el punto de vista financiero y el pacto fiscal es la solución temporal al tan manido problema del encaje de Cataluña en el resto de España. «Los puentes entre Cataluña y el Estado se debilitarán aún más» si esta propuesta no es escuchada por el Gobierno del PP», señalo Mas en el discurso de fin de año.

Capacidad de influencia

El problema para CiU es que ya no es decisivo para la gobernabilidad en el Congreso como en legislaturas pasadas. Artur Mas lo reconoció el martes pasado cuando hizo balance de su primer año de mandato. «Ya no tenemos la sartén por el mango», dijo respecto a la mayoría absoluta del PP en el Congreso y la menor capacidad de influencia de la federación nacionalista en el Parlamento español. Por eso ahora juega con otra carta, la de ofrecer la estabilidad que tanto reclaman los mercados financieros. CiU se ofrece para que el PP saque adelante las reformas económicas pendientes (mercado laboral y sistema financiero) con el mayor consenso posible, lo que lanzaría mensajes muy positivos a los mercados. Y por las malas, lo cual le sirve para legitimar su política de recortes, mete miedo con que si no hay pacto fiscal, la Generalitat convocará una consulta popular que refrende el apoyo de la ciudadanía al concierto económico.

No tendrá carácter vinculante ni de referéndum, pero sí una enorme carga simbólica, como herramienta del «derecho a decidir» y hay quien lo aprovechará para cargar las tintas soberanistas, lo que tensaría las relaciones entre Cataluña y el resto de España en un momento en que la economía pide estabilidad y sosiego. Además, CiU ha amenazado con una segunda medida de presión, mucho más radical, que consistiría en un cierre de cajas, que airea el fantasma de la insumisión fiscal impulsada por comerciantes catalanes en 1899 y que consistiría en el aplazamiento del pago del IRPF.