Biorreciclaje seguirá con el servicio de basura al menos durante dos meses

Se trata de la primera patata caliente para la nueva presidenta de la Mancomunidad de la Sierra. Solo habían pasado unas horas desde que Dolores Caballero (IU) tomó posesión de su cargo cuando seis alcaldes le pusieron sobre la mesa su problema más urgente: se quedaban sin servicio de recogida de residuos sólidos urbanos después de haber cedido la gestión correspondiente a la administración supramunicipal durante la anterior legislatura.

Caballero mantuvo un encuentro el pasado miércoles con los regidores de los municipios de Villaluenga del Rosario, Algar, El Bosque, Grazalema, Prado del Rey y Benaocaz y allí trataron de buscar una solución, al menos temporal, para el problema que ha quitado la tranquilidad a estas localidades en la recta final del año. El pasado día 30, los ayuntamientos recibieron, a eso de las 15.00 horas, una comunicación en la que la empresa Biorreciclaje le comunicaba que dejaría de prestar el servicio desde el 1 de enero, por lo que iban a quedarse sin recoger la basura. Entonces los alcaldes se veían atados de pies y manos «sin tiempo para reaccionar y sin poder hacerlo porque la gestión está cedida», recordaba uno de ellos.

La nueva presidenta aseguró que han llegado «a un principio de acuerdo para buscar una salida a la situación», pero no quiso adelantar ninguno de los términos demimo. Eso sí, destacó que «hay que ser prudentes hasta que la solución sea definitiva».

No obstante, algunos de los alcaldes afectados reconocieron a LA VOZ que se ha acordado una solución provisional y Biorreciclaje prolongará durante al menos dos meses el servicio que presta. A cambio, recibirá un reconocimiento de deuda por parte de los consistorios y la Mancomunidad, aunque también tienen deudas con Diputación, y los ayuntamientos tratarán de ofrecer un compromiso de pago.

En el encuentro también se habló de la solución futura a un problema que se ha agravado desde que Mancomunidad se hizo cargo de esta gestión. En principio, todos parecen estar de acuerdo con que no sea Urbaser la que preste el servicio, a pesar de que se le adjudicó hace más de un año, por «ser muy caro para los municipios» ya que coste ascendía a 940.000 euros al año. El problema ahora es que Mancomunidad tendrá que indemnizar a la empresa por perder este servicio y por las inversiones que pudieran haber llevado a cabo.

No obstante, el servicio que se acordó con Urbaser tras cuatro años de negociaciones fue rubricado entonces por los alcaldes que gobernaban, por lo que ya se aceptó el precio y la subida de tasas que el mismo implicaba. De hecho, desde enero de 2011 ya se está aplicando esta subida en los recibos de los vecinos, aunque no se han llevado a cabo las mejoras prometidas. Este exceso de recaudación lo está recibiendo la Mancomunidad de Municipios, a través de la empresa pública Aguas Sierra de Cádiz.

Otra de las salidas, aunque ésta parece también descartada, es que cada ayuntamiento pudiera recuperar su servicio, pero de momento ninguno se plantea esta posibilidad. En cualquier caso, los plenos de cada uno de ellos serían los que tendrían que dar el visto bueno a este rescate y cada corporación municipal tendría que buscar una salida propia, algo poco viable para localidades muy pequeñas.

Servicio público

La solución que parece más factible y la que más satisface a los gestores de la Mancomunidad es la de que Aguas Sierra de Cádiz se pueda hacer cargo de este servicio, tanto en estos seis municipios como en otros que pudieran estar interesados en ceder el mismo. Ahora se busca la forma legal de que esto se pueda llevar a cabo y cómo se haría cargo la empresa pública de la estructura que existe, y asumiría como propio el personal que tiene Biorreciclaje.

Por otra parte, esta salida también se emplearía para dar más viabilidad a la empresa pública, ya que sobre la misma siempre existen rumores de que podría desaparecer por problemas económicos. Esas dudas se podrían reforzar en breve si el municipio de Villamartín, el más importante al que se le da servicio, abandona la misma. Esto resulta muy probable ya que su alcalde ha destacado que «para no abandonar la empresa, la Mancomunidad tendría que hacer frente a la indemnización que tenemos que pagar a Aqualia porque el anterior gobierno -PSOE- le retiró de manera irregular el servicio», tal y como se reconoce en varias sentencias judiciales. La indemnización podría oscilar entre 1 y 4,5 millones de euros y Morales destaca que lo que no van a permitir es «que sean los vecinos de Villamartín quienes paguen una mala gestión».