Ley de Víctimas en Colombia para transformar el horror en esperanza

Colombia recibió 2012 con la entrada en vigor ayer de la Ley de Víctimas y Tierras, un logro del presidente, Juan Manuel Santos. El contenido de este nuevo reglamento regula la restitución, en un plazo de diez años prorrogables, de dos millones de hectáreas a unos cuatro millones de personas víctimas de distintos delitos, como desplazamientos o secuestros, o que tuvieron algún familiar asesinado a causa del conflicto interno. «Esperamos transformar un pasado de horror en un futuro de esperanza», dijo el mandatario durante el acto de firma de los decretos, al que asistió, junto a varios ministros colombianos, el juez Baltasar Garzón.

Las indemnizaciones, que podrán ser en efectivo y son las primeras concedidas en América Latina con un conflicto abierto, solo se recibirán una vez. Uno de los retos del Gobierno de Santos será evitar los 'falsos positivos', es decir, personas que se hagan pasar por víctimas sin haberlo sido. El Congreso aprobó la ley, de 208 artículos, en mayo y Santos la sancionó en junio. «Nunca más volveremos a ser indiferentes», aseguró el jefe de Estado al rubricar los decretos que ponen en marcha la norma.

«Me da pena decirlo, pero los colombianos sí hemos sido culpables de algo: de haber sido indiferentes o por lo menos no haber hecho lo suficiente» frente a las víctimas, dijo Santos. «Por décadas vimos en los informativos a cientos de miles de familias huyendo de sus parcelas, cargando colchones en la espalda, con sus ollas en una mano y con sus hijos en la otra y no se hizo nada», agregó. En su mea culpa, el presidente insistió en que «no tiene sentido que tantos padres hayan sido asesinados, ni que tantos hombres hayan sido humillados frente a sus hijos, ni que tantos niños hayan cargado fusiles en vez de balones, ni que tantas mujeres tengan el recuerdo imborrable de una violación».

Cuatro años para inscribirse

La normativa puesta en vigor por el Gobierno de Bogotá contempla tres fases principales: la determinación de los montos de las indemnizaciones por vía administrativa, el establecimiento de mesas de participación para los perjudicados por los conflictos y la creación de un sistema de registro único de víctimas, en el que se podrán inscribir durante cuatro años.

El conflicto interno, sin embargo, no está cerrado en el país porque guerrillas y paramilitares siguen levantados en armas. Consciente de ello el presidente afirmó que desde la extrema izquierda y la extrema derecha intentan impedir la restitución de tierras: «Ustedes ya lo saben y nosotros estamos plenamente informados. Aún hay quienes siguen intimidando y asesinando a nuestros campesinos y a sus representantes. A esos criminales les hago llegar un mensaje: ¡los vamos a combatir con todo!».

Varias ONG cifran en unos 3,5 millones el número de desplazados y en 50.000 los refugiados. La mayoría de los que recuperarán sus tierras eran campesinos amenazados por las guerrillas o por los grupos paramilitares. Santos admitió que el importe no será muy alto: «Yo sé que eso no compensa en absoluto el desplazamiento, mucho menos el asesinato de un ser querido. Quisiéramos darles más, muchísimo más, pero físicamente es imposible».

El presupuesto para una década para podría superar los 50 billones de pesos (unos 20,4 millones de euros) para cubrir desde indemnizaciones a las víctimas hasta devolución de tierras, programas de asistencia social y de salud.