El Gobierno elimina el canon digital y aprueba el reglamento de la ley Sinde

El canon digital es historia. Ocho años después de su polémica implantación, el Gobierno acordó su supresión en el segundo Consejo de Ministros de la era Rajoy, que aprobó sustituirlo por un sistema de compensación de copia privada cuyos criterios se fijarán en un real decreto en un plazo de dos meses. También aprobó la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual con el reglamento que contemplaba la ley Sinde. Una normativa, que como anticipó el titular de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, actuará «contra quienes se lucran indebidamente con las descargas». Permitirá a un juez clausurar en 72 horas una página de descargas ilegales que no atienda la reclamación previa de «interrupción de servicios o retirada de contenidos» por parte de la comisión.

«El Gobierno cumple su compromiso electoral de suprimir el canon» se ufanó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien comunicó ambas medidas, recibidas con cautela por los internautas.

Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI), apeló a la prudencia, a la espera de confirmar si, como su asociación reclama, la medida sobre el canon tiene «carácter retroactivo» y se resarce por lo recaudado por las entidades de gestión de derechos en estos ocho años. Para los internautas, la supresión del un gravamen «ilegal, indiscriminado y arbitrario» era «necesaria» y «consecuente» con el programa electoral de PP. Su efecto retroactivo es «necesario y obligatorio». La maltrecha ley Sinde que Zapatero no quiso finalmente desarrollar y que tenía en pie de guerra a los internautas, 'resucitó' mediante la regulación de la Comisión de Propiedad Intelectual que debe proteger los derechos de los creadores.

La comisión se organiza en dos secciones. La primera «ejerce funciones de mediación y arbitraje» y es «un instrumento idóneo para las resolución extrajudicial de controversias». Tendrá tres miembros, que han de ser «expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual».

Con seis miembros de cuatro ministerios, y presidida por el Secretario de Estado de Cultura, la segunda establece un procedimiento administrativo y judicial que contempla la intervención del juez en dos momentos: cuando no se pueda identificar a los responsables de la vulneración de derechos, o cuando se incumpla el dictamen de retirada de contenidos. En este segundo supuesto, si los autores de la vulneración no cumpliesen voluntariamente la orden en 24 horas, se solicitará al juez «que autorice la ejecución de estas medidas, que deberán ejecutarse en el plazo de 72 horas desde la ejecución del auto». El juez podrá pedir entonces a las operadoras que corte el servicio a la web o bloquee su acceso.

Según Saénz de Santamaría, con el reglamento «se cumple con la Ley de Economía Sostenible» que el PP apoyó y se protege la propiedad intelectual «frente al expolio lucrativo». «Sólo se actuará, y siempre con la correspondiente protección judicial, contra quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros».