Salidas en falso de la crisis

La gravedad de la crisis que atravesamos, se vea en una dimensión nacional o europea, se acentúa muchas veces con el modo en que la abordamos, que resulta bastante descabellado. En ocasiones se incurre en explicaciones en las que domina el arbitrismo, esto es, un tipo de argumentación simplista e improvisado. Si se trata de abordar los problemas del Estado autonómico, se propone la recentralización o la recuperación de las competencias por parte del Estado. Por ejemplo si se habla de estimular nuestra economía se ofrece como remedio infalible la reforma del mercado laboral. La expresión por antonomasia de esta actitud la tenemos en quienes piensan que bastará el cambio de Gobierno para que, como por ensalmo, desaparezcan todas nuestras dificultades y problemas. A esta guisa de afrontamiento simplista suele venir muy bien el señalar un chivo expiatorio de la situación. Por ejemplo si se habla de nuestra forma territorial, la culpa de sus deficiencias corresponde a la provincia, se señale a su condición de circunscripción electoral, a su comportamiento como rémora de una eficaz descentralización o al coste de mantenimiento de sus estructuras de gobierno como las diputaciones. Si se trata de una descalificación de conjunto o global lo que procede es ejemplificar los males en el presidente del Gobierno, verdadero epítome a la vez de ineptitud y aun de malevolencia políticas, sin las que nuestra actual situación de postración no tiene explicación.

Pero el otro exponente de la gravedad de la situación lo encuentro en la proliferación de análisis egoístas, y que resultan igual de absurdos que en el caso del arbitrismo. Lo que se subraya siempre es el perjuicio que en la circunstancia presente sufren los intereses privativos, haciendo limitado el análisis que para ser válido debería considerar todas las perspectivas que reflejen la complejidad de la problemática en cuestión. Desde esta óptica resulta bien curiosa la visión del sistema electoral de algunas fuerzas políticas, ofreciendo una comprensión unilateral y deformada del mismo. Lo que se señala del sistema electoral machaconamente es la quiebra de la proporcionalidad del mismo, lo que se considera a la vez inconstitucional e injusto. La denuncia de la injusticia del régimen electoral a cargo de sus evidentes damnificados comienza situando la cuestión en unos términos iusnaturalistas bien discutibles. ¿Quién se atrevería a decir que el sistema mayoritario es menos justo que el proporcional? ¿Por qué es más razonable, como objetivo del sistema electoral, optar por el valor de la representatividad a ultranza proporcional que por la ventaja del escrutinio mayoritario que intenta proporcionar un apoyo cierto y estable a los gobiernos? Más cuestionable es plantear las críticas a nuestra regulación electoral desde el punto de vista constitucional. El constituyente, es lo primero que debe decirse, impuso un sistema no explícitamente proporcional, limitándose a sugerir «criterios de proporcionalidad», a entender de acuerdo con otras decisiones tomadas también en la Carta Fundamental, o que resultan la consecuencia del sistema de partidos, atenientes respectivamente a la garantía de un mínimo de representación a todas las provincias, en una cobertura del pluralismo territorial que no puede menos de aplaudirse, o dependientes del número de fuerzas políticas en liza que hace imposible la proporcionalidad en las circunscripciones pequeñas.

Esta actitud particularista adquiere también dimensiones muy preocupantes en la crisis europea, que, en esta hora difícil, se tiende a abordar desde perspectivas nacionales antes que comunitarias o generales. Seguramente la autoatribución de los papeles de liderazgo de Alemania y Francia encuentra su explicación no desde el punto de vista de los intereses compartidos de todos los miembros de la Unión sino desde la perspectiva privativa de la conveniencia de esos Estados y aun quizás todavía más de las necesidades electorales de sus líderes, lo que puede también ser el caso del primer ministro conservador británico David Cameron. Helmut Schmidt, el antiguo canciller socialdemócrata alemán, y el filósofo Jürgen Habermas han denunciado patrióticamente esta pendiente egoísta en el caso de su país. Schmidt teme que el nuevo protagonismo germano haga olvidar a los alemanes la utilidad estabilizadora que para su Estado tiene una integración sin ventajas en la Unión, evitando el demonio tradicional del nacionalismo expansionista. Habermas, por su parte, ha señalado que el liderazgo del directorio franco-alemán como artefacto «postdemocrático» impide la única reforma que Europa necesita para solucionar de modo definitivo la crisis legitimando las decisiones económicas de la Union, convirtiéndose en una forma política cada vez más integrada capaz de actuar con toda eficacia en el nivel supranacional.