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Rajoy sube los impuestos por sorpresa y recorta 8.900 millones
Sáenz de Santamaría avisa de que es «el inicio del inicio» del plan de ajuste ante el desvío del déficit hasta el 8% del PIB La vicepresidenta evitó valorar si el anterior Gobierno mintió sobre el estado de las cuentas públicas
MADRID. Actualizado: GuardarMariano Rajoy amargó el fin de año a los españoles con una subida de impuestos inesperada, sobre todo porque el presidente del Gobierno negó, tanto en campaña electoral como en el debate de investidura, que barajara un incremento fiscal. Un compromiso que ha tardado apenas una semana en romper.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un primer paquete de medidas económicas para atajar el déficit público y crear empleo que incluye, como elemento más destacado, un recargo «complementario temporal y solidario», en las rentas de trabajo, del capital y del IBI con el que el Ejecutivo confía recaudar unos 6.200 millones de euros. Un golpe de mano que desmiente a los que acusaban de indolente a Rajoy, pero que también confirma que el presidente endulzó sus remedios anticrisis antes de llegar a la Moncloa. Este incumplimiento llegó acompañado de otro de cariz más político. Rajoy aseveró ante el pleno del Congreso que no iba a culpar ni responsabilizar de sus decisiones a la herencia recibida. Sin embargo, lo primero que hizo Soraya Sáenz de Santamaría para explicar este cambio de criterio con respecto a los impuestos fue culpar al anterior Ejecutivo de haber escondido una desviación del déficit público de dos puntos.
Las previsiones del Gobierno de Rajoy sitúan el déficit de 2011 en el 8% del PIB, por encima del 6% que vaticinó la exvicepresidenta económica, Elena Salgado, y del tope pactado con la UE. Un desfase que provocará que los 16.500 millones de ajuste anunciados por Rajoy en la creencia de que se cumplirían los objetivos de números rojos de las administraciones públicas se incrementará en otros 20.000 millones.
Pese a este revés, la vicepresidenta declinó valorar si el anterior Gobierno habría ocultado deliberadamente o no este agüjero contable. Eso sí, ya no calificó de «ejemplar» el traspaso de poderes, como había mantenido hasta ahora. «Este es un nuevo gobierno que tiene que asumir su responsabilidad y que dará la cara a los ciudadanos a los que siempre dirá la verdad», remachó.
Tal vez por ello, Sáenz de Santamaría avisó de que el histórico tijeretazo que acordó el Consejo de Ministros el último viernes del año solo es «el inicio del inicio» de futuros ajustes ya que para cumplir con la hoja de ruta de Rajoy habría que reducir en este año cerca de 37.000 millones de euros del gasto. Una reducción que debería detallarse en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que se presentarán en marzo. De momento, el Consejo de Ministros dio luz verde a una envenenada prórroga de los actuales, que incluye un acuerdo para la no disposición de 8.900 millones de euros. Un ajuste que afectará a todos los ministerios, aunque de manera desigual. La peor parte se la lleva Fomento, con un ahorro de 1.612 millones, al que le siguen Economía, con 1.083 millones, y Asuntos Exteriores, con 1.016 millones.
Sáenz de Santamaría se presentó tras el cónclave ministerial con noticias buenas y malas. Eligió dar a conocer primero las buenas, es decir, confirmó la revalorización de las pensiones en un 1% y anunció la prórroga por seis meses más de la ayuda de 400 euros a los desempleados que no reciban ningún tipo de prestación. También enfatizó que, al menos en el primer trimestre del año, no habrá subida de la luz.
Equitativo
Unas decisiones que, a juicio de la vicepresidenta, demuestran que Rajoy quiere ser lo más «equitativo posible» en el reparto de los sacrificios que requiere la actual situación económica. Un criterio que choca con otras decisiones menos sociales como la de congelar durante un año la incorporación de nuevos beneficiarios de la ley de dependencia o de poner punto final a la ayuda para el alquiler a los jóvenes menores de 30 años.
Tanto Sáenz de Santamaría como los tres ministros que le acompañaron en su comparecencia, el de Economía, Luis de Guindos; Hacienda, Cristóbal Montoro, y Empleo, Fátima Bañez, pusieron mucho énfasis en que la «rápida reacción para corregir el déficit» será un mensaje muy positivo de cara al exterior. Menos desenvueltos se mostraron a la hora de explicar algunas cuestiones. A De Guindos se le recordó que algunas instituciones internacionales habían señalado que en España había más margen para subir el IVA que otro tipos de impuestos. El titular de Economía insistió en la «temporalidad» del incremento del IRPF y en la decisión política de que la subida fuera progresiva y equitativa, «algo mucho más factible en el IRPF y que en el IVA no es posible». Montoro, que en su etapa opositora inició una cruzada contra la decisión de Zapatero del subir el IVA, también defendió la opción del IRPF «porque es menos dañina para el crecimiento económico y para que baje la inflación».
El Consejo también aprobó otras actuaciones restrictivas que, según los asesores del Gobierno, tienen mejor 'venta' entre la ciudadanía. Por ejemplo, la congelación del sueldo de los funcionarios a los que, además, se aumenta su jornada laboral en 2,5 horas semanales, lo que en la práctica es una rebaja de su remuneración. El recorte también alcanzó a los altos cargos ya que habrá reducción del 20% de los subsecretarios y directores generales, se rebajará un 20% las subvenciones anuales a los partidos, sindicatos y patronal, y se ahorrarán 200 millones de euros del presupuesto de Radio Televisión Española.