Interior avisa a los presos de ETA de que no tendrán «privilegios»

El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lanzó un mensaje a los presos de ETA: «No va a haber, por el hecho de pertenecer o haber pertenecido a una organización terrorista, ningún tipo de privilegio [penitenciario]». Por si no quedaba claro, agregó que se va «aplicar estrictamente la ley» y no se va a elaborar una reforma legal 'ad hoc' que mejore su estatus penitenciario.

El ministro descartó la adopción de medidas con carácter colectivo para los reclusos terroristas. Su tratamiento, subrayó, será individualizado siempre que cumplan los requisitos legales. Un planteamiento que supone un jarro de agua fría para la izquierda abertzale y el grupo de presos, que desde el anuncio del final de la violencia reclaman una amnistía u otro tipo de salida colectiva. Lo hacen a través de cartas individuales, pero que recogen peticiones idénticas.

Fernández Díaz señaló que los encarcelados de ETA que quieran disfrutar de beneficios penitenciarios tendrán que mostrar «arrepentimiento» y dejar la organización; pedir perdón a las víctimas, solicitud que no figura en ninguno de los textos remitidos a Instituciones Penitenciarias; comprometerse a colaborar con la Justicia; y resarcir los daños causados.

Nada de amnistía

Los presos de ETA no pueden aspirar a una amnistía o indulto general porque la Constitución y el Código Penal lo impiden. «Es una pretensión imposible», recordó hace dos semanas el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. Las progresiones de grado para obtener permisos de salida de las cárceles requieren que los reclusos modifiquen su estrategia de rechazo a esos mismos beneficios penitenciarios. En la actualidad, la gran mayoría de los 550 presos están clasificados en primer grado por sus conductas carcelarias. Apenas hay un puñado en segundo y tercer grado.

Las libertades condicionales se pueden conceder a los presos de ETA que han cumplido tres cuartas partes de su condena, pero no es un automatismo judicial y quedan supeditadas al criterio de Instituciones Penitenciarias. De hecho, apenas se otorgan.

Los elementos más favorables para los presos son el acercamiento a cárceles de Euskadi y Navarra porque al ser una medida política y no jurídica puede ser revisada por Interior. Es la posibilidad más factible, aunque no inmediata. De hecho, la recién inaugurada cárcel de Nanclares, con más de 700 celdas, y la que se abrirá en Pamplona en enero, con medio millar, parecen destinadas a ese fin. La otra vía es acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario que posibilita la concesión del tercer grado si se cumplan las condiciones mencionadas.

La izquierda abertzale y el colectivo de presos se encuentran inmersos en una campaña coordinada para que el acercamiento sea inmediato y «sin condiciones». La gran mayoría de los reclusos ha enviado las cartas con sus demandas a Interior; un grupo de 400 exencarcelados presentó el 11 de diciembre en la localidad guipuzcoana de Azpeitia un manifiesto a favor de la aproximación para que los presos participen «en el proceso político abierto» con el fin de la violencia; y el remate será la manifestación del 7 de enero en Bilbao en defensa de «los derechos» de los presos.

Fernández Díaz, entretanto, descartó en Onda Cero la flexibilización de la política penitenciaria. Dijo que se utilizará «de manera adecuada» y «con inteligencia» porque es un «instrumento muy potente y muy válido» de la política antiterrorista para «la desaparición de ETA».