El Supremo investigará a José Blanco por cohecho y tráfico de influencias

El Tribunal Supremo decidió ayer abrir una causa penal contra el exministro de Fomento José Blanco al apreciar indicios de cohecho y tráfico de influencias en la 'operación Campeón', la trama de subvenciones públicas destinadas a empresarios gallegos. La Sala de lo Penal dio por bueno el informe de la Fiscalía, que hace un mes pidió la apertura de una investigación, y nombró instructor del proceso al magistrado José Manuel Soriano. Desde el PSOE recordaron la presunción de inocencia de su 'númerod dos' y el propio Blanco aseguró que ahora «podrá clarificar las falsas acusaciones» formuladas por el empresario Jorge Dorribo, imputado en la trama corrupta que investiga una juez de Lugo.

La decisión del Supremo de abrir un proceso penal deja al exministro al borde de la imputación. Una decisión que deberá tomar el magistrado Soriano cuando comience a indagar la documentación enviada por la juez de Lugo Estela San José, en la que se hace referencia a los supuestos cobros recibidos por el vicesecretario general del PSOE a cambio de favores políticos a empresarios afines.

La otra posibilidad es que sea el propio Blanco el que solicite declarar como imputado de forma voluntaria, lo que le permitiría contar con la defensa de su abogado, en este caso el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, y acceder a la documentación incriminatoria. Esto evitaría que el Supremo tenga que cursar el correspondiente suplicatorio al Congreso, dada su condición de aforado por ser diputado por Lugo. Un trámite burocrático, por otra parte, que suele alargar en exceso cualquier proceso de este tipo.

La resolución del Supremo fue adoptada por la sala de admisión para causas especiales, conformada por magistrados de la Sala de lo Penal. El tribunal estuvo compuesto por el presidente de la sala, Juan Saavedra, y los jueces Francisco Monterde, Miguel Colmenero, Perfecto Andrés Ibáñez y Julián Sánchez Melgar, que actuó como ponente de la resolución. Fuentes jurídicas aseguraron que el auto no se ha hecho público debido al carácter secreto de la causa que mantiene la juez de Lugo.

En el centro de las acusaciones contra Blanco aparece el nombre de Jorge Dorribo. La exposición razonada enviada al Supremo por la juez San José contiene las declaraciones prestadas en agosto y octubre por el propietario de la farmacéutica Nupel. En estos interrogatorios aseguró que el 'número dos' del PSOE hizo gestiones para que el Ministerio de Sanidad agilizara la tramitación de varios expedientes que afectaban a su empresa. El Ministerio negó esa mediación.

La gasolinera

La declaración de octubre fue clave, ya que Dorribo mencionó un hecho que omitió en agosto. Se trató de la reunión que mantuvo con Blanco en una gasolinera de Guitiriz, en Lugo, el 5 de febrero pasado y en la que, según el empresario imputado, tuvo que entregar a un primo político del exministro, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500 para poder entrar en el coche oficial del político.

Precisamente, Blanco llegó a admitir que tuvo lugar esa reunión en un comunicado hecho público el 6 de octubre, en el que, sin embargo, aseguró que «no recibió ni cobró nada» de Dorribo, «ni directa ni indirectamente ni en metálico ni en transferencia ni en sus cuentas ni a través de personas interpuestas», en referencia a su primo Bran, que aún no sabe si está imputado.

Otra de las pruebas contenidas en la pieza separada de la 'operación Campeón' que afecta a Blanco son las supuestas gestiones que hizo el exministro para que el vicepresidente de la empresa de transporte Azkar, Antonio Orozco, consiguiera una licencia para construir una nave en la localidad barcelonesa de Sant Boi. Extremo que desmintió en noviembre pasado el propio alcalde de la localidad catalana, Jaume Bosch, quien aseguró que se había tramitado de forma reglamentaria.

Tras conocerse la decisión del Supremo, el exministro, en declaraciones a Efe, mostró su «respeto» al trabajo de la Justicia y señaló que tiene la seguridad de que la investigación va esclarecer la verdad. «Era un auto esperado una vez que la Fiscalía se había pronunciado sobre la necesaria investigación para clarificar las acusaciones vertidas contra mí», dijo. El portavoz del grupo popular en el Congreso, Alfonso Alonso, advirtió al dirigente socialista de que su futuro procesal «es cada día más oscuro» y le aconsejó que pensara en sus explicaciones para cuando sea citado por el juez.