El 40% de los asesinatos de ETA sigue impune

El 17 de octubre de 1991, con 12 años, la niña Irene Villa perdió las dos piernas y tres falanges de una mano al explotar una bomba adosada en los bajos del vehículo en el que viajaba. Conducía su madre, María Jesús González, que perdió una pierna y un brazo cuando llevaba a su hija al colegio en Madrid. Veinte años después de aquel atentado, la Audiencia Nacional considera aún que no hay pruebas concluyentes para juzgar a los dos únicos sospechosos, los etarras José Javier Arizkuren, 'Kantauri', y Soledad Iparraguirre, 'Anboto', exdirigentes del aparato militar de ETA.

Pese a esta impunidad, tanto una como otra pudieron contarlo. No así las víctimas de los 314 asesinatos cometidos por ETA desde la amnistía de 1977 que aún siguen sin resolverse. Es decir, a día de hoy no se ha celebrado un juicio en el que se haya determinado un autor o autores materiales de estos crímenes. Esto supone el 40% de los 782 atentados mortales cometidos por ETA.

«Son asesinatos que han salido gratis para sus autores y para ETA. Las personas que aparecen hablando de flexibilidad para los presos deben preguntarse si quieren que asumamos más impunidad y si no les da asco pensar en un porcentaje tan alto», resumió ayer la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, en la presentación del informe.

Ella, precisamente, pertenece al grupo del 60% que ha podido saber quién mató a su hermano, Joseba Pagazaurtundua, jefe de la Policía local de Andoain, fallecido tras recibir varios disparos a quemarropa en 2003. El pasado 7 de diciembre la Audiencia Nacional condenó a Gurutz Agirresarobe, sin antecedentes penales, a 32 años de prisión gracias a las muestras de ADN aparecidas en la taza de café que tomó el homicida antes de matar a su víctima.

Desconocimiento

Según el estudio de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, de estos 314 casos sin especificar casi en la mitad, 166, la Justicia ha dictado sobreseimientos provisionales por desconocimiento de sus autores. De ellos, 118 ya habría prescrito y nueve estarían a punto de hacerlo en los próximos meses.

Además, en 95 asesinatos no se ha obtenido una resolución incriminatoria pese a haber identificado a alguno de los responsables y en 53 no existen antecedentes documentales de los hechos.

No obstante, no debería sorprender que crímenes cometidos hace dos décadas se resuelvan ahora. El pasado 20 de diciembre, sin ir más lejos, el Supremo confirmó la condena de 85 años a dos etarras por los asesinatos de dos policías y la mujer embarazada de uno de ellos cometidos en Bilbao en 1983.

Del resto de casos sin resolver, en otros 11 se ha celebrado juicio pero finalmente la sentencia resultó absolutoria; en 16 los asesinatos habrían prescrito; y en ocho los responsables materiales fallecieron. «Queremos que estos crímenes no queden impunes y que la Justicia ayude a cumplir el duelo de las víctimas», señaló Maite Pagazaurtundua.