UPA denuncia la inversión de 5 millones de euros en proyectos no necesarios

Una gran inversión que «sólo beneficia a unos pocos». Esta es la denuncia que ha realizado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Cádiz (UPA Cádiz) después de que «la Comunidad de Regantes Costa Noroeste haya invertido más de 5.700.000 euros en unos proyectos que no benefician a la mayoría de los pequeños y medianos agricultores de la zona». El secretario general de UPA Cádiz, José Manrique de Lara criticó ayer el modo de proceder de la Comunidad de Regantes Costa Noroeste, que «votan en función del número de hectáreas que poseen, lo que beneficia tan sólo a una minoría de agricultores».

Esta forma de actuar es lo que propició, según UPA Cádiz, que en la última asamblea de la comunidad de regantes «se aprobasen diversos proyectos por el valor de 5.700.000 euros con tan sólo el apoyo de nueve agricultores, frente a los 111 que votaron en contra». Según la Unión de Agricultores «este dinero se pretende invertir en proyectos no necesarios, cuando hay otras necesidades prioritarias como el mantenimiento de las estaciones y de la red de riego ya existentes».

Ante esta desproporción en la votación, Manrique de Lara cuestionó «si hay alguna solicitud de ampliación de la Comunidad de Regantes para favorecer a algún agricultor particular o sociedad concreta con un proyecto que finalmente sería pagado por el conjunto de agricultores de la citada comunidad». Algo a lo que UPA-Cádiz se ha opuesto rotundamente ya que considera que, con actuaciones de este tipo, «determinados grupos reducidos de agricultores y sociedades ponen en peligro el futuro de todos los pequeños y medianos agricultores en general, haciendo inversiones muy por encima de las posibilidad actuales dada la situación de crisis del sector agrícola».

Por otra parte, UPA-Cádiz denunció la situación de «ilegalidad» que se encuentran cinco de estos grupos de agricultores y sociedades que concentran el mayor número de hectáreas de la zona. Según su secretario «esto se debe a que cada una de estas cinco sociedades superan las 100 hectáreas, infringiendo así el Decreto de Puesta en Riego del 17 de Julio de 1975, por el que se establece que las empresas y agricultores de esta índole de la Costa Noroeste no pueden superar las 80 hectáreas». En este sentido, apuntaron hacia la sociedad Torrebreva (propiedad de la familia de Orleáns) que posee más de 500 hectáreas de unas tierras transformadas con dinero público por parte de las Administraciones Central y Autonómica.