Implantes 'low cost'

Cuatrocientos euros. Eso es lo que venían a costar las prótesis fabricadas por la marca francesa PIP (Poly Implants Prothése) para aumento de pecho que han activado la alarma sanitaria en medio mundo. El coste es entre tres y cuatro veces inferior al de los implantes mamarios de otras marcas (la media es de 1.300 euros), lo que sin duda ayuda a explicar su extrema fragilidad. «Las prótesis que ofrecen más garantías tienen hasta siete capas, lo que hace muy difícil la fuga del gel de silicona en caso de rotura, mientras que las más baratas suelen tener entre tres y dos membranas y en cuanto hay una grieta las posibilidades de escape son mucho mayores», explica un especialista del ramo que prefiere mantenerse en el anonimato.

El elevado índice de rotura de las prótesis fabricadas por PIP fue precisamente lo que levantó las sospechas de las autoridades francesas. Lo normal es que un implante aguante cerca de una decena de años sin perder su flexibilidad y, sobre todo, su estanqueidad. Los frecuentes problemas detectados entre las mujeres que llevaban las prótesis PIP despertaron la alarma entre los galenos del país vecino y la Administración abrió una investigación cuyas conclusiones vieron la luz hace un par de años. El dictamen era demoledor: la silicona que había en el interior de los implantes nada tenía que ver con el gel utilizado en las unidades que pasaron las pruebas de homologación sanitaria. Lo que realmente había en las prótesis que PIP sacaba al mercado era otra silicona más barata que las hacía extremadamente vulnerables debido a su prematuro deterioro. En algunos medios se llegó incluso a a sostener que esa sustancia tenía efectos cancerígenos, extremo que fue descartado por las autoridades sanitarias.

Lo que sí es cierto es que las complicaciones de salud derivadas de esa fragilidad han llevado al Gobierno francés a tomar una decisión sin precedentes: asumir los costes de la retirada de los implantes a las 30.000 mujeres que se calcula que los llevan en el país vecino. Además, sufragará su reemplazo por otros implantes en los casos de cirugía reconstructiva tras una mastectomía. La iniciativa, adoptada la semana pasada, ha activado las alertas de la comunidad internacional. Se calcula que la firma gala vendía el 84% de su producción total -unas 100.000 prótesis anuales- fuera de sus fronteras, especialmente en países latinoamericanos. PIP echó el cierre meses después de que saliese a la luz la investigación sobre sus productos y el consiguiente veto para su uso con fines médicos. La empresa se encuentra incursa en un proceso judicial y se da la circunstancia de que Interpol dictó la semana pasada una orden de busca y captura internacional contra su responsable. Luego se supo que la requisitoria no está relacionada con el caso, sino con una demanda por conducir ebrio en Costa Rica.

En Levante

En España no hay datos oficiales sobre el número de mujeres afectadas. La nueva ministra de Sanidad, Ana Mato, ha ordenado una investigación para acotar las dimensiones del fenómeno. El cirujano plástico Jaume Serra estima que podría haber unas 10.000 españolas con prótesis PIP. «Que la Administración ignore el número de perjudicadas dice mucho de cómo se han hecho las cosas en nuestro país», alerta el médico, miembro de la Sociedad Española de Cirugía plástica y reparadora y una de las voces más críticas con la 'industria' de la medicina estética. Serra recuerda que la Unión Europea empezó a interesarse por las repercusiones de los implantes mamarios hace ya más de una década y lamenta que las autoridades españolas hayan hecho oídos sordos a todas las recomendaciones que se han sucedido desde entonces. «Ni siquiera existe un registro oficial de las mujeres que se han sometido a una mamoplastia, lo que hace imposible ejercer un control sobre el sector», denuncia.

El cirujano cree que la práctica totalidad de las prótesis PIP fueron implantadas en clínicas particulares del Levante. «Aunque la delegación de la empresa tenía su domicilio legal en San Sebastián, su distribuidor era de Valencia y era allí donde trabajaba», precisa. En la capital levantina fue precisamente donde se sustanció la primera demanda ante los tribunales contra PIP. La presentó en noviembre de 2008 una bailarina y actriz que empezó a tener problemas con los implantes a los cinco meses de habérselos colocado. La joven, que tenía 21 años cuando se operó, padeció un auténtico calvario durante cinco años. Al final decidió costearse de su propio bolsillo la retirada de los rellenos y su sustitución por otros implantes. Los tribunales aún no se han pronunciado.

Serra tiene constancia de que existen decenas de situaciones similares. «Aquí se mezclan la desidia de las autoridades sanitarias, la codicia de algunos médicos y la banalización de una intervención quirúrgica que siempre tiene unos riesgos», denuncia. «En los tiempos de las vacas gordas se hacían operaciones de incremento de pecho a precio cerrado, unos 6.000 euros, y las clientas confiaban en los implantes que se les ponían, entre otras cosas porque los médicos les decían que eran para toda la vida. Luego se ha visto que les colocaban las prótesis más baratas del mercado pese a que entre los especialistas era un secreto a voces que daban problemas», concluye el doctor Serra.