Sociedad

«La ley Sinde era una burrada»

Pablo Soto afirma que las discográficas intentan evitar una reconversiónTras ser absuelto de una demanda millonaria, lamenta que el lobby de la cultura tradicional frene el crecimiento del software libre

MADRID. Actualizado: Guardar
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Trece millones. La brevedad con la que se pronuncia no se corresponde con lo astronómico de una cifra vetada para la gran mayoría de los mortales. Pablo Soto, uno de los padres del P2P, resopla al recordar el día en 2008 que recibió una demanda de patronal y las cuatro principales discográficas. Su nombre aparecía al lado de palabras como «competencia desleal» o «infracción de la propiedad intelectual». Tres años después el juez ha decidido dar carpetazo a la ofensiva judicial de Sony, EMI, Universal, Warner y Promusicae contra el ideólogo de Blubster, Piolet o Manolito P2P, antiguos rivales de clásicos como el Emule. «Ahora quiero descansar. Pasar las fiestas antes de decidir si tomo alguna medida legal contra ellos, aunque se que debería hacerlo», comenta combinando la felicidad del triunfo en los tribunales con el cansancio mental de quien ha tenido que soportar un largo litigio.

Desde el principio del proceso, ha rehuido los reconocimientos desmedidos. «No soy un héroe de las descargas», comentaba en 2009 cuando se dirigía a la primera de las vistas. Tampoco se considera un cabeza de turco: «Es una estrategia que han seguido en otros países». Pablo Soto explica al principio «se intentó meter mano a los usuarios» pero que los operadores se negaron a facilitar los datos personales de sus clientes. El siguiente paso fue atacar las páginas de enlaces, algo que, por el momento, la Justicia no ha considerado que suponga ningún delito. «Es cómo si se condenase a un periódico por anunciar un partido de fútbol cuando la cadena que lo emite tiene un conflicto con la Liga Profesional», argumenta. El tercer estadio de esta estrategia es atacar la tecnología: «En España, el único que se dedica a programar esta tecnología soy yo. Por eso me demandaron a mí».

Pablo Soto habla cargado de convicción al mismo modo que la informática habla cargada de ceros y unos. Para él, la industria musical está intentando evitar una reconversión que le demanda la sociedad de la información: «Se han olvidado del márketing, de la promoción y de intentar innovar. Su reacción ha sido el litigio como modelo de negocio en Internet». Los grandes afectados de esta metamorfosis son «los tropecientos mil tíos» que hay entre el creador y el cliente. «Con los avances tecnológicos la necesidad de intermediarios es cada vez menor».

«Creo que se pueden hacer las cosas de otra forma», afirma con una rotundidad mayúscula. Esa convicción le llevó hace unos años a montar una pequeña discográfica de música independiente en el año 2004-2005. «Soy medio músico vocacional», bromea al recordar esa aventura en la que llegó a grabar los trabajos de algunos grupos. «En ese momento me convencí de que lo que no puede ser es que a los autores solo se les pague el 10%. Hay formas de pagarles dos tercios de los ingresos y tener beneficios. ¿El problema? Que eso no te permite pagar el jet del jefe y a cincuenta intermediarios», comenta.

Una reacción parecida le provoca la conocida como 'Ley Sinde'. «Han intentado sacar del ámbito judicial la decisión de cerrar las páginas de enlaces, algo que recaerá en una comisión creada por ellos mismos y que solo cuentan con los jueces en un papel secundario», denuncia. «Es como si alguien que va perdiendo el partido, le quita el silbato al árbitro y le dice 'Ahora pito yo'. La ley Sinde es una auténtica burrada», concluye.

Sin embargo, se muestra partidario de una regulación de los derechos de propiedad en Internet, al modo que han hecho en algunos países como Islandia. Recuerda que España es uno de los líderes mundiales en cultura y 'Open Source'. «Se legislar para potenciarlo pero realmente se toman medidas que estrangulan este desarrollo. El mundo del software libre no tiene un lobby tan potente como el de la cultura tradicional», afirma mientras rescata de la memoria los cables de Wikileaks en el que se reflejaban las presiones de la industria a los Gobiernos.

Debates de altos vuelos aparte, ahora lo que quiere es centrarse en su empresa, una de las grandes afectada de la pesadilla que ha vivido. "Tuvimos que recortar plantilla y en el tema de los sueldos, el primero el mío, sufrió una precarización general", explica. Aunque sus planteamientos seguían gustando a los inversores, la amenaza de tener que hacer frente a una condena millonaria parecía mayor argumento. "El grifo de la financiación prácticamente se nos corto. Entrábamos al banco y saltaban las alarmas", bromea. Sin embargo, las buenas noticias no cesaron tras el rechazo a las peticiones en su contra. 48 horas después, supo que el Ministerio de Industria le concedía 1,5 millones de euros de créditos blandos y 138.000 euros de subvención del programa Avanza Contenidos para que haga frente a su nuevo proyecto 'Foofind', un buscador de código abierto para localizar en Internet, FTP y redes P2P todo tipo de archivos.