«No creo en la Justicia»

El último día de marzo del año 2004, Encarnación Rubio, una barrendera de 46 años, fue atropellada tres veces en plena calle. Hasta la muerte. Su exmarido, Francisco Jiménez Uceda, la embistió con el coche mientras ella cumplía con sus obligaciones laborales. Cúllar Vega, un tranquilo pueblo en los alrededores de Granada, amanecía otra vez convulso. Con este homicidio, el municipio -de solo 7.000 habitantes- abría de nuevo los noticieros nacionales por un caso de violencia machista.

Encarnación tuvo la desgracia de ser la primera mujer asesinada por un maltratador que había roto una orden de alejamiento. Siete años antes, Ana Orantes, otra vecina de esa misma localidad, fue quemada viva en el patio de su casa tras haber denunciado por primera vez públicamente -en televisión- sus 40 años de maltrato. La muerte de Orantes provocó una revolución legislativa que culminó en 2004 con la promulgación de la ley integral contra la violencia de genero.

Esa herramienta legal recién aprobada no pudo evitar, sin embargo, que Francisco Jiménez Uceda violara la orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de cien metros de Encarnación Rubio, la madre de sus tres hijos. El maltratador fue condenado al año siguiente a 26 años de cárcel por la brutal manera en que acabó con la vida de su ex mujer y también por la violencia que ejercía de forma habitual sobre toda su familia, tal y como quedó demostrado en el juicio.

Después de que Encarnación Rubio iniciara los trámites de separación de su marido, Uceda quebrantó la orden de alejamiento en varias ocasiones. La misma jueza que había dictado las normas de protección de la mujer -y que luego llevó las diligencias contra su ex marido por no respetar las medidas- tuvo que acudir a levantar el cadáver cuando se produjo el trágico atropello.

«Apenas hablaba»

Las dos hijas de Jiménez Uceda definieron a su padre como un hombre que «nunca» las quiso y que incluso se sintió aliviado cuando murió en accidente de tráfico su único hijo varón, que sí se atrevía a ponerle límites y a plantarle cara. «Apenas hablaba y cuando lo hacía era para insultar. Eso cuando no pegaba», expresó entre lágrimas Sandra, la descendiente pequeña del malogrado matrimonio, durante el proceso judicial.

Ellas narraron el desprecio con que se dirigía a su madre el maltratador, el sometimiento y el miedo con el que vivía su progenitora y otra cruda realidad: «Pese a todo, ella lo seguía queriendo. Se decidió a pedir la separación porque él había intentado atropellarla en más de una ocasión».

Los forenses aseguraron, no obstante, que el acusado no padecía ninguna alteración mental ni depresión, tal y como esgrimía la defensa. Se trataba, por tanto, de una persona totalmente imputable, que solo presentaba alteraciones de ánimo.

Tras dos años en prisión, Francisco Jiménez Uceda murió en agosto de 2006 en un hospital de Granada, donde fue trasladado desde la prisión de Albolote por un «fallo multiorgánico» causado por una infección de origen urológico.

Cinco años después de aquello, Sonia, la hija mayor del criminal, al ser la heredera legal, ha tenido que pagar las letras del coche con el que su padre atropelló a su madre, además de hacer frente a las demás deudas que dejó tras de sí Jiménez Uceda. Para colmo, ni siquiera ha podido utilizar el vehículo que acabó pagando religiosamente porque estaba en un desguace, convertido en chatarra. Nadie hasta ahora le ha dado solución al problema de las deudas, pese a que se ha entrevistado con la Fiscalía en alguna ocasión.

La descendiente de la asesinada recuerda, entre otras cosas, que aquellas medidas de protección eran algo experimental y que no resultaron efectivas. «La Justicia no funciona. No creo en ella ni en las órdenes de alejamiento», confiesa esta mujer, que se considera una doble víctima.