El elevado paro y el estancamiento de la economía complican la nueva legislatura

«Vivimos momentos duros», ha sido el reconocimiento prácticamente unánime de los ministros del equipo económico del Gabinete de Mariano Rajoy en sus tomas de posesión y en sus primeras declaraciones. Como si se hubieran dado un rápido baño de realismo, han dejado atrás el lenguaje electoral que tiende a echar las culpas a los rivales políticos, y asumido los graves problemas que implica recuperar un ritmo de crecimiento sostenible, imprescindible para reducir el paro, cuando no se puede disponer del arma de la devaluación, los inversores todavía recelan de la solvencia del país y la actividad se encamina a una nueva recesión... si una decidida acción de los líderes, coordinada a escala mundial, no lo evita.

El PP ganó las elecciones generales en marzo de 1996 e inició la primera legislatura con un mercado laboral seriamente tocado. La proporción de parados sobre la población activa había escalado hasta el 22,83%. Desde entonces se produjeron descensos continuados y el porcentaje de desempleados llegó a caer hasta el 10,94% en el primer trimestre de 2001, cuando empezaron a reflejarse los cambios introducidos en la Encuesta de Población Activa para considerar que un trabajador se encontraba en situación de paro. El auge de la construcción hizo posible que florecieran los puestos de trabajo, y ese efecto se prolongó durante el mandato socialista. La tasa más baja de desempleo de la serie histórica se produjo en España a mediados de 2007, en vísperas del arranque de la gran crisis internacional, con un 7,05%.

La gestión económica permitió en las legislaturas de los 'populares' una abundante creación de empleo porque la economía ya había dejado muy atrás la fase de recesión de 1992, que fue más suave y también más corta que la actual. Y la bonanza de mediados de los noventa también contribuyó a hacer más llevaderos los sacrificios de una primera etapa del mandato del PP, que estuvieron orientados al cumplimiento del 'examen' de Maastricht que había de permitir a España ser uno de los socios pioneros de la moneda única europea. El ministro de Economía Rodrigo Rato se marcó un reto que podía parecer inalcanzable: había que recortar los números rojos de las administraciones públicas, que entonces alcanzaban un porcentaje equivalente al 7,2% del Producto Interior Bruto, para dejarlos en un máximo del 3% de esa magnitud. El objetivo se logró en 1998 y durante una década España ha figurado entre los más aventajados practicantes de la ortodoxia presupuestaria.

Tiempo de excesos

Durante todo ese largo periodo España ha crecido significativamente más que el promedio de la zona euro, y en ocasiones también por encima de la expansión de la economía mundial. Unos tipos de interés extraordinariamente bajos a los que no estábamos acostumbrados propiciaron el endeudamiento de las familias y de las empresas. El bache de 2002 supuso una pequeña desaceleración, a la que siguió una remontada. Pero en 2008 los desequilibrios acumulados pasaron una abultada factura, que condujo a la depresión económica padecida el siguiente año.

Desde entonces, el encadenamiento de las sucesivas crisis de las que habla el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez -la financiera internacional, la típica del modelo productivo nacional, asociada a los excesos del inmobiliario, y la de la deuda soberana, por la desconfianza en los países más vulnerables- han colocado a España a las puertas de otra fase de recesión. Que el resto de la zona euro se esté viendo afectado por las secuelas de las turbulencias de los mercados no sirve de consuelo. Con una demanda interna deprimida, este panorama bloquea la salida de vender al exterior.

Sin expectativas de una pronta recuperación del crecimiento, el nuevo Gobierno se enfrenta a una tasa de paro del 21,52%. Solo en el tercer trimestre del año que termina se destruyeron 172.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo -cada ocho horas de actividad se consideran igual a un empleo- y la población desocupada se elevó a 4.978.000 personas. La información, todavía parcial, de la recta final del ejercicio (ventas minoristas, paro registrado, afiliación a la Seguridad Social) apunta a un debilitamiento adicional del mercado de trabajo.

El gran desafío del Ejecutivo consiste pues en reactivar una economía en la que empresas y familias tienen como principal objetivo, después de sobrevivir, desendeudarse. Con el agravante de que el propio Gabinete tiene que aplicar nuevos recortes para cumplir los compromisos asumidos por España con los socios de la zona euro.