Un mandato vitalicio para los miembros del Constitucional

Alberto Ruiz-Gallardón llegó con fuerza al Ministerio de Justicia. El exalcalde de Madrid dejó entrever ayer que modificará los requisitos necesarios para acceder a magistrado del Tribunal Constitucional. Es decir, quiere que los futuros miembros del máximo intérprete de la Carta Magna tengan una especie de mandato vitalicio, similar al modelo estadounidense, para impedir que el bloqueo de los partidos a los nombramientos afecte al funcionamiento del alto tribunal.

La idea no es nueva y ya fue anunciada en junio pasado por la nueva vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando adelantó algunas de las líneas del programa electoral en materia de Justicia.

Entre ellas estaba el rediseño de las funciones del Constitucional para evitar que la lupa de la politización de los jueces y su adscripción ideológica esté permanente encima de sus miembros.

El mecanismo consistiría en alargar el mandato de los 12 vocales para hacerlo incluso vitalicio, lo que supondría la modificación de la ley orgánica que regula el alto tribunal. En la actualidad, los mandatos duran nueve años y las renovaciones se producen por tercios cada tres años. Un sistema con importantes fallas cuando los partidos mayoritarios, PP y PSOE, no se ponen de acuerdo con los nombramientos dentro del plazo exigido.

Esta situación se da en la actualidad con los candidatos propuestos por los dos partidos dentro del cupo que pertenece al Congreso, por lo que es normal que los mandatos de algunos magistrados se extiendan uno o dos años más del periodo establecido. Y algunos otros, como la vacante dejada por el fallecido Roberto García Calvo, sigan aún pendientes de cubrirse.

En el modelo vitalicio del Tribunal Supremo estadounidense los magistrados no pueden ser removidos de sus cargos salvo que renuncien a ellos o fallezcan.

Además, el ministro avanzó que modificará el procedimiento para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial -el PP quiere que participen únicamente los jueces- y la puesta en marcha de un Estatuto de la Víctima, que recoja «sus derechos y los medios de información, protección jurídica y asistencia social y psicológica». También mencionó nuevos cambios en el modelo de la oficina judicial, puesto en marcha este año, simplificar los procedimientos y abordar de forma definitiva leyes pendientes como la Jurisdicción Voluntaria y la de Mediación y Arbitraje.

Gallardón tuvo palabras de elogio con su antecesor, Francisco Caamaño, al que agradeció su papel «moderado y prudente» en un periodo complicado para la administración de Justicia. Otro detalle es que no hizo ninguna mención a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que parecía que ya estaba encauzada con Caamaño.