El PSOE impide celebrar un pleno en el Parlamento sobre el Plan Bahía

El PSOE, grupo mayoritario en el Parlamento autonómico, rechazó ayer la celebración de un pleno extraordinario para debatir el presunto fraude en la concesión de subvenciones del Plan Bahía Competitiva de Cádiz; una iniciativa que propuso el PP y contó con el apoyo de IU. Un escándalo que ha salpicado, por ahora, al exgerente de dicho plan, Antonio Perales, que ha tenido que declarar en calidad de imputado ante la Policía por orden del juzgado nº 4 de la capital gaditana, donde se instruye este asunto. También tuvo que comparecer su sobrina, Ofelia Perales, quien acabó contratada en una de las empresas que recibió millonarias subvenciones y apenas iniciaron actividad alguna. Sociedades que Industria les reclama ahora la devolución de las ayudas.

La portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, justificó ante los diputados la necesidad del debate en la «extraordinaria» situación que vive la Junta con la aparición de una «nueva trama de corrupción», que en esta ocasión cuestiona cómo se dirigió la concesión de ayudas al empleo en una zona especialmente castigada como es la Bahía de Cádiz. Las ayudas que se articulaban a través de Bahía Competitiva se incluye dentro del Plan Reindus que gestiona el Ministerio de Industria y que tiene varias áreas de actuación, en función del nivel de desempleo, como la comarca gallega de Ferrol, Canarias o también el Campo de Gibraltar.

Aclaraciones

La intención de los populares, según Oña, es la de aclarar la responsabilidad del exgerente del Plan Bahía Competitiva y de su sobrina y la relación que tuvieron con el principal imputado en el fraude, Manuel Alejandro Dávila Ouviña. Un empresario gallego que fue detenido en su localidad natal el pasado mes de noviembre al estar al frente de las sociedades que recibieron cuantiosas subvenciones, pero no las invirtió en la creación de empresas y empleo. Junto a él fueron detenidas otras seis personas. Tan solo Ouviña sigue hoy en prisión.

Como ya adelantara este medio en exclusiva, Ouviña contrató en una de esas empresas a Ofelia Perales en calidad de secretaria. «Es evidente que los jueces han notado alguna relación entre estas personas. Si esto no es motivo suficiente para un pleno, queda claro que cuando ustedes hablan de tolerancia cero contra la corrupción son palabras vacías», censuró ayer Esperanza Oña, quien comparó este asunto con los ERE irregulares y también sostuvo que las subvenciones públicas en manos del PSOE son «un peligro».

La réplica la dio el portavoz socialista, Mario Jiménez, quien rechazó que la Junta tenga responsabilidad alguna: «No ha puesto ni un solo euro». Para incidir que fue la Administración autonómica la que denunció presuntas irregularidades ante el Banco de España, el Ministerio de Industria y la Fiscalía. «Mienten al acusar a la Junta e imputar a socialistas solo con el afán de perseguir al PSOE más allá de la tumba; lo que pone en evidencia su bajeza moral y que sus mentiras indecentes alcanzan cotas intolerables». La actuación de la Junta para los socialistas ha sido «exquisita, poniendo pie en pared desde el primer momento».

Diego Valderas, portavoz de IU, se limitó en su intervención a exponer que el asunto tiene «importancia y enjundia suficiente» como para debatir los hechos «acaecidos» y ha apoyado la celebración del debate que finalmente no se va a celebrar por la oposición de la bancada mayoritaria socialista.