Desclasifican los archivos de los 576 españoles muertos en la dictadura de Argentina

Una de las reivindicaciones más antiguas de la Justicia española será por fin cumplida. El Gobierno acordó ayer desclasificar la documentación existente en los archivos de la Embajada y Consulados español en Argentina sobre los ciudadanos desaparecieron durante la dictadura militar que dirigió el país entre 1976 y 1983. La petición fue realizada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la muerte de al menos 576 españoles en los años de plomo del general Jorge Videla.

La apertura de los archivos secretos se realiza en virtud del artículo 7 de la Ley Reguladora de Secretos Oficiales, también desclasificará los expedientes de las denuncias de ciudadanos españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas.

No obstante, resulta curioso que estos mismos documentos fueron reclamados por el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional hace un año y la respuesta fue que eran «reservados». Sin embargo, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se comprometió entonces a solicitar al Consejo de Ministros su desclasificación, algo que ha ocurrido en la última reunión.

Legajos

Con estos documentos, pedidos al juez Ruz por la acusación popular de la causa ejercida por Izquierda Unida, se pretende avanzar en la investigación de los actos de genocidio, terrorismo, tortura y lesa humanidad que habrían sufrido al menos 576 ciudadanos españoles durante la dictadura argentina, donde murieron unas 13.000 personas.

El juez reclamó a Exteriores «el legajo de desaparecidos de 1970-1980, así como los expedientes de denuncia de ciudadanos españoles o descendientes por desapariciones forzadas». Una vez aprobada la desclasificación, el Ejecutivo reclamó al magistrado «la máxima protección y reserva procesal posible» dada «la gravedad y la naturaleza» de los hechos que se investigan.

En el marco de esta causa se desgajó una pieza separada por la que se procedió a la entrega a Argentina del excapitán de corbeta argentino Ricardo Miguel Cavallo, condenado por los delitos de detenciones ilegales, torturas, robos con violencia o intimidación y falsificación documental. Aquella investigación también fue la piedra angular de la acusación contra el excapitán de fragata argentino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años de cárcel en 2005 por los llamados 'vuelos de la muerte'.