El nuevo pacto de la Unión Europea fomenta la denuncia entre socios

La UE ya tiene listo el primer borrador del nuevo tratado para endurecer la disciplina fiscal. El texto, de ocho páginas y 14 artículos, empezará a negociarse la próxima semana y se espera que los socios lo rubriquen a primeros de marzo. Concebido como un acuerdo internacional, convierte a los países en garantes de la regla de oro, la medida estrella de la normativa. Cuando entre en vigor, un gobierno podrá denunciar a otro ante el Tribunal de Luxemburgo si cree que no ha incorporado correctamente a su Constitución el tope máximo de déficit del 0,5%. Pese a descolgarse, Reino Unido participará como «observador» en los debates.

Los expertos comunitarios han puesto sobre la mesa el borrador una semana después de que los socios, a instancias de Francia y Alemania, aprobaran la elaboración del nuevo tratado. El documento fomenta la vigilancia entre los propios países como medida más eficaz para garantizar la disciplina. Siguiendo las tesis de Berlín, un gobierno podrá demandar a otro ante el Tribunal de la UE, que tiene su sede en Luxemburgo, si cree que no ha aplicado bien la regla de oro. Este concepto obliga respetar el equilibrio presupuestario con un límite de déficit del 0,5% salvo en «circunstancias excepcionales».

El tratado establece que los socios deberán acatar la decisión del Tribunal de la UE. Además, se exige que los países acompañen la regla de oro -España la aprobó el pasado verano- con «mecanismos de corrección» que salten de forma automática en cuanto se supere el límite de déficit estructural del 0,5%. En caso de desviación, los gobiernos deberán presentar a escala europea programas para corregir la situación. Solo podrán disfrutar de un margen mayor en el gasto aquellos con un límite de deuda inferior al 60%, tope que rebasan ampliamente todas las grandes economías.

La apuesta por el rigor en las cuentas se completa con sanciones más rápidas. El tratado consagra el umbral del 3% de déficit para que se pongan en marcha los castigos, que pueden suponer multas de hasta el 0,2% del PIB -2.000 millones en el caso de España- si no se toman medidas de inmediato. El documento contempla que los socios analicen conjuntamente cualquier gran medida de calado que un país pretenda tomar. No hay referencia a una fiscalidad común, pero se deja en manos de los socios la posibilidad de avanzar en grupos pequeños.

Las delegaciones de los 26 países que apoyaron el pacto empezarán a negociar el martes. El objetivo es que el tratado definitivo esté listo a principios de marzo. Para evitar retrasos, en cuanto nueve países lo hayan ratificado entrará en vigor; es decir, la mayoría simple de los 17 miembros del club del euro. Eso sí, el pacto solo será vinculante para el resto de socios cuando accedan a la moneda única.

Aunque optó por quedarse fuera, Reino Unido podrá seguir de cerca las negociaciones. Londres ha obtenido el papel de 'observador', gesto destinado a evitar una fractura insalvable en los Veintisiete. En Bruselas se intenta mantener una comunicación fluida porque los británicos tienen la llave para que las instituciones europeas, que pertenecen a los Veintisiete, puedan amparar un tratado que en principio solo será rubricado por 26 socios.

La cercanía de Reino Unido con Bruselas contrasta con la ofensiva lanzada estos días por Francia. Inquieto ante la posible pérdida de la máxima calificación crediticia, el Gobierno galo ha criticado con dureza a Londres por el mejor trato que recibe de las agencias de rating. «Nuestros amigos británicos tienen un déficit y una deuda más elevada, pero parece que las calificadoras no se han dado cuenta», censuró el primer ministro, François Fillon. El titular de Finanzas remató la andanada. «Actualmente, uno preferiría ser francés antes que británico», remachó.