La presión a las rentas altas eleva los ingresos de la lucha antifraude

La presión sobre los contribuyentes grandes y medianos permitió a Hacienda aumentar en 2011 un 3,6% la recaudación obtenida por la lucha contra el fraude, que alcanzará los 10.400 millones de euros a finales de año, según la estimación dada a conocer por la vicepresidenta económica, Elena Salgado. La Agencia Tributaria centró su vigilancia en las empresas de mayor facturación y en los profesionales liberales, categoría que engloba a un grupo de actividades que generan ingresos altos y pueden desarrollarse por cuenta propia. La mayor parte del dinero recaudado (68%) procede de fraude asociado al IVA y al Impuesto de Sociedades.

Hacienda avisó en noviembre de 2010 de su intención de situar bajo el foco de los inspectores a los profesionales liberales -abogados, médicos, notarios, arquitectos, profesores...- en aplicación del Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social aprobado en marzo del mismo año. El director de la Agencia Tributaria y después secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, señaló entonces que el dispositivo que preparaba «apunta alto y no sólo se centra en dos o tres profesiones».

Los resultados están a la vista y a pesar de la crisis son tan jugosos que Elena Salgado decidió anticipar su publicación, que habitualmente hacía el secretario de Estado de Hacienda en enero o febrero en la Agencia Tributaria. Salgado presidió esta vez la presentación en su Ministerio y afirmó que había querido «adelantar» los datos «para agradecer el esfuerzo realizado a todo el personal del Ministerio de Hacienda». De paso, la 'número dos' del Ejecutivo se anotó un tanto en la lucha contra el fraude que, de no haberse alterado el calendario de publicación, su sucesor del PP habría podido hacer suyo.

Si las previsiones se cumplen el fisco obtendrá al cierre del año 10.400 millones de la persecución de la evasión fiscal, un 3,6% más que los 10.043 millones recaudados en 2010 y un 120% del objetivo marcado. De ellos, 9.400 millones (un 10,6% más que el año anterior) son fruto de recaudación directa por actuaciones de control, incluidos 1.750 millones ingresados por la minoración de devoluciones. Los 1.000 millones restantes los obtuvo la Agencia Tributaria mediante la recaudación inducida, regularizaciones voluntarias solicitadas por los propios contribuyentes a raíz de requerimientos del fisco. Esta partida exhibe una caída del 35% respecto de los 1.544 millones que aportó en 2010, cuando Hacienda impulsó una importante investigación de cuentas ocultas en el banco HSBC en Suiza, que reportó a las arcas públicas 260 millones.

Delito fiscal

La deuda media obtenida hasta noviembre por contribuyente inspeccionado asciende a 221.000 euros, cantidad que da idea del gran tamaño de las bases imponibles investigadas. El director general de la Agencia Tributaria, José María Meseguer, incidió en la importancia del fraude destapado y detalló que el 26% de los 9.400 millones obtenidos por esta vía fueron logrados por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que entró en funcionamiento en 2006 para fiscalizar a empresas y entidades que facturan más de 100 millones de euros al año. Además «ha sido prioritario el tema de los profesionales», insistió.

Hasta noviembre Hacienda había remitido a la Fiscalía 783 expedientes por delito fiscal, por un importe total de 846 millones. La previsión oficial es que a finales de año el número de actuaciones puestas en conocimiento de la Justicia llegará a 834, y la cantidad defraudada a los 893 millones de euros.

En lo que va de año la Agencia Tributaria realizó 2.098 actuaciones preventivas, cuyo objetivo era evitar vaciamientos patrimoniales y garantizar el cobro de deudas pendientes. La estimación gubernamental es que al cierre de 2011 se habrán contabilizado 2.288 de estas iniciativas, un 9% más que en 2010. También aumentan de forma considerable los aplazamientos de pagos solicitados por los contribuyentes, que a finales del ejercicio sumarán 1,6 millones, por importe total de 15.000 millones.

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera estas «un dato parcialmente positivo», pues asegura que «esos exiguos 10.400 millones» suponen «dejar impune el 88,4% de la evasión fiscal anual».

Salgado aprovechó el acto para despedirse y «desear lo mejor» al futuro Gobierno. A su juicio, queda «mucho trabajo por hacer en la lucha contra la crisis, para dar estabilidad a las cuentas públicas, garantizar la creación social y favorecer el crecimiento».