Escándalos por tráfico de influencias y estado de emergencia

El escándalo por supuesto tráfico de influencias cometido por el vicepresidente segundo Omar Chehade tiene a Ollanta Humala resistiendo la presiones para forzar su salida del Gobierno desde hace semanas, por lo que el nivel de popularidad del mandatario latinoamericano en cuanto a la lucha contra la corrupción ha caído seis puntos.

Humala lo mantiene en el puesto aunque el Congreso lo suspendiera 120 días por su supuesta intervención en el desalojo de la azucarera Andahuasi a favor del Grupo Wong. Chehade consideró la sanción «injusta» y dijo sentirse «decepcionado». «He pagado noviciado, derecho de piso», se defendió. También causó indignación en amplios sectores de la sociedad peruana su petición para que al expresidente Alberto Fujimori, enfermo de cáncer según su familia y preso en una cómoda cárcel, le sea permitido cumplir la condena en su domicilio.

La minería en pie de guerra

Pero no ha sido el único conflicto que ocupa la mente de Ollanta Humala. Hasta los primeros 100 días de Gobierno había cumplido sus dos principales promesas: mantener el crecimiento económico -en torno al 10% y uno de los mayores de la región- respetando el libre mercado y mejorar las políticas de inclusión social. Sin embargo, pese a haber aprobado la ley de consulta previa, que obliga al Ejecutivo peruano a negociar con la comunidades nativas los proyectos de desarrollo que afecten sus territorios, en septiembre surgieron doce nuevos conflictos sociales y se produjeron 67 acciones de protesta, a las que luego se sumaron los mineros de Cajamarca y que ha obligado al mandatario a declarar el estado de emergencia en cuatro zonas del país.