
La Junta seguirá la batalla judicial para resarcirse del coste de Aznalcóllar
La consejera Mar Moreno, pretende que la Administración pueda reclamar a Boliden los 89,9 millones que costó recuperar la zona
SEVILLA. Actualizado: GuardarLa consejera de Presidencia, Mar Moreno, anunció ayer que el día 2 de diciembre la Junta planteó ante el Tribunal Supremo (TS) un conflicto negativo de jurisdicción para que señale la vía oportuna, si es la civil o la contencioso-administrativa, para que la Administración autonómica pueda reclamar a la empresa Boliden Apirsa el dinero que costó la reparación de la zona afectada por el vertido de Minas de Aznalcóllar. «No se puede producir la inhibición de los tribunales sin entrar en el fondo de la cuestión», según Moreno, que quiso dejar claro que la Junta «no renuncia de ninguna manera a conseguir la reparación económica» por los daños que se produjeron por el vertido de Aznalcóllar, que ascienden a 89,9 millones.
Insistió en que la Junta no va a renunciar a una cuestión a la que cree tener derecho, como es que se reparen los daños que se causaron al medio ambiente y el coste importante que produjo la reparación de la zona. Asimismo, manifestó, en relación con la sentencia del Supremo, que no hay ningún «varapalo» a la Junta ni ninguna mala gestión jurídica del asunto. Indicó que la propia sentencia hace referencia literalmente «al proceloso camino jurisdiccional que por diversas circunstancias no imputables a la administración recurrente se ha seguido en este caso».
«El propio Tribunal Supremo dice que no es imputable a la administración recurrente el hecho de que se hayan dictado ya varias sentencias ninguna de las cuales terminan de entrar en el fondo», según Moreno, que recordó que la Junta puso en marcha la vía civil y con posterioridad la contencioso-administrativa y que ambas se desestimaron.
Para Moreno, de alguna manera, en este «peregrinaje judicial, se está produciendo un vacío, que no estamos dispuestos a admitir». «Se está produciendo de facto una situación de denegación de acceso a la justicia que vulnera el derecho a la tutela efectiva por parte de los tribunales», indicó. La consejera expresó que ya quisiera la Junta que se hubiera resuelto este asunto.