Griñán ve «imposible» que pueda ser imputado por la juez en el 'caso ERE'

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, aseguró ayer lunes que considera «imposible» ser imputado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Junta, porque en el caso «no hay nada en absoluto que pueda imputárseme».

Griñán se pronunció de esta manera durante una entrevista en Onda Cero Radio al ser preguntado sobre si contempla la posibilidad de ser imputado en el caso antes de las elecciones autonómicas. Hay que recordar que la magistrada ha dado a la Junta diez días de plazo para que remita expedientes tramitados por la Consejería de Economía y Hacienda desde julio de 2005 -fecha en la que Griñán era el responsable de este departamento- relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno «a fin de dotar de la tesorería necesaria a IDEA para llevar a cabo transferencias de financiación encomendadas, especialmente para el programa 31L», conocido como 'fondo de reptiles'.

Las trampas del PP

Cuestionado por si se ha sentido «intimidado» o ha percibido una «velada amenaza» de la juez en los últimos autos, el jefe del Ejecutivo andaluz indicó que lo que sí ha visto «claramente es que el PP no trata de conocer la verdad, sino de hacer política» con el caso de los ERE irregulares. «Los autos incluyen propuestas que hace el PP y ahora ha vuelto a hablar de ampliaciones de crédito que ya denunció en el Parlamento hace ocho meses», recordó Griñán, que se preguntó si el PP «está buscando la verdad o está haciendo política con la instrucción de este caso porque quiere hablar ahora de algo que ya denunció hace ocho meses y por lo que fue acusado en los medios de comunicación de tramposo».

En este sentido, el presidente andaluz quiso dejar claro que tuvo conocimiento de las irregularidades en los ERE «desde el mismo momento en que lo denunciamos» a través del cuerpo de letrados de la Junta, «que trabaja de forma independiente remitiendo al juzgado cualquier tipo de irregularidad que hayan podido comprobar», y destacó igualmente que «es la Junta la que está pidiendo la recuperación de todo lo que se haya podido malversar por algún funcionario o por algunas personas exigiendo el dinero por vía penal o administrativa».

Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, hizo público ayer un nuevo informe de la Intervención General de la Junta advirtiendo de irregularidades en la ejecución de gasto público por parte de la Consejería de Innovación. El informe se refiere a «transferencias de financiación para hacer pagos por parte de IDEA sin ningún tipo de control», en un «procedimiento ajeno a la ley» y supone «una advertencia explícita de que se hacía mal».

Desde la Oficina del Portavoz se aclaró horas más tarde que ese informe ya fue presentado por la Junta al juzgado en marzo, asegurando que el PP «roza la mentira» y que sólo trata de «generar confusión».