Baleares pagó a Urdangarin por un trabajo que no realizó

El Gobierno balear pagó 445.000 euros en 2007 al Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarin, por crear el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo, un organismo que nunca llegó a funcionar. Así lo muestran dos facturas contenidas en el sumario de la pieza del 'caso Palma Arena' que investiga el supuesto entramado de empresas que tejieron el yerno del Rey y su socio, Diego Torres, para desviar dinero público a través la entidad que presidieron.

El Ejecutivo balear desembolsó 2,3 millones de euros a Nóos para organizar dos congresos de turismo y deporte en 2005 y 2006. En el caso de este último congreso, el convenio entre el instituto y el Ejecutivo también contemplaba la creación del observatorio. Su coste estaba incluido en los 1,1 millones que se comprometió a pagar el Govern a Nóos y que el Ejecutivo abonó en varias facturas.

Las cuatro primeras, en las que se especifica que son por la celebración del congreso, el Gabinete balear paga, a través de la Fundación par el Apoyo y la Promoción del Deporte, 250.000 euros en octubre, 100.000 euros en noviembre 150.000 euros en diciembre de 2006, así como otros 140.000 euros en enero de 2007. Tres meses después, en abril de 2007, abonó a Nóos otras dos facturas por 306.000 y 139.000 euros como honorarios correspondientes al Observatorio Permanente de Deporte y Turismo. Su labor era generar información estratégica sobre la evolución a nivel mundial de las sinergias entre el deporte y el turismo, y ofrecer una perspectiva comparada de los destinos internacionales más innovadores.

En la celebración de las jornadas de 2006 se explicó que ya se contaba con este observatorio permanente y se presentó un estudio elaborado por él, pero a partir de ese momento no se registró ninguna actividad otra de este organismo.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, investigan en esta pieza del 'caso Palma Arena' un supuesto «entramado societario» de Urdangarín y su socio para «apoderarse» de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos. Así se definen en un auto del juez Castro las supuestas irregularidades que se investigan.