El Ayuntamiento inspeccionará su parque de VPO para evitar el fraude

Justo un día después de que este medio reflejara dos desalojos en la barriada de El Mopu a raíz de ocupaciones ilegales, el gobierno municipal anunció ayer la puesta en marcha de medidas correctoras para evitar situaciones de este tipo. Dicho de otro modo, como expresó el portavoz del gobierno local, Antonio Saldaña, el objetivo es evitar que quienes optan por «saltarse la Ley» se impongan a aquellos que no.

El gobierno local entiende que la ley del más fuerte no debe imperar en estos casos, por lo que a partir de enero del año próximo pondrá en marcha, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, una Unidad de Inspección de Vivienda Protegida en Alquiler. Esta unidad comenzará a funcionar en paralelo a un reglamento específico para establecer la adjudicación a familias en riesgo de emergencia social, y que será coordinado por la Delegación de Bienestar Social.

Antonio Saldaña explicó que han proliferado las denuncias por viviendas vacías, lo que unido a la «insatisfacción» por el desequilibrio entre la oferta y la demanda en las VPO de alquiler han llevado al Consistorio a tomar medidas.

La primera de ellas va encaminada a que los pisos públicos en régimen de alquiler (1.561) se destinen a vivienda habitual, persiguiendo su uso indebido y que estén vacías más de tres meses consecutivos, como establece el reglamento de la Junta de Andalucía.

Habrá por tanto a partir de enero inspecciones 'in situ' para que los adjudicatarios cumplan los requisitos de adjudicación y utilización; detectar posibles irregularidades en la utilización e incumplimientos contractuales de la adjudicación; poner en marcha acciones para recuperar la vivienda mal utilizada; y aplicar el Reglamento para que la adjudicación se lleve a cabo conforme a los requisitos.

La unidad de inspección realizará con carácter general una primera visita a todas las viviendas así como revisiones de oficio de dos visitas anuales a todas las promociones. Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de inspección y control específicas para evitar posibles casos de desocupación, tales como la evaluación de los consumos de agua potable; la utilización habitual de otros domicilios para el envío de notificaciones y comunicaciones; las declaraciones de policía y técnicos de la unidad de inspección; las declaraciones o denuncias de otros vecinos; las comprobaciones del padrón municipal; la negativa injustificada del arrendatario a facilitar las inspecciones y comprobaciones pertinentes; o la falta de pago de mensualidades.

En palabras de Saldaña, «hay mucha ocupación fraudulenta de viviendas». Debe existir un procedimiento totalmente regulado y controlado para que «la adjudicación tenga lugar de la forma más objetiva posible, no se puede dar la vivienda a quien más llore o quien se ponga en la puerta del Ayuntamiento, puesto que sería injusto para el resto de ciudadanos».

Por su parte, la Delegación de Bienestar Social pondrá en marcha el reglamento para establecer la adjudicación de viviendas a familias en riesgo de exclusión social, pudiendo utilizar los recursos de viviendas que puedan detectarse como consecuencia de las inspecciones realizadas.

Además Saldaña subraya que existen otros mecanismos que no se deben olvidar, como la Agencia de Fomento del Alquiler a la que también pueden dirigirse los ciudadanos y que en ciertas condiciones establece una reducción del precio del alquiler.

Actualmente existen unos 2.200 demandantes de este tipo de viviendas en la ciudad, la mayor parte de ellas (1.400) de alquiler.

Por otro lado Emuvijesa también tiene otras 180 viviendas vacías que y «una vez acabemos las labores de comercialización, tendremos que ver qué tratamiento les damos, aunque probablemente pasarán a ser de alquiler con opción a comprar», señaló por último el portavoz del gobierno.