El juez estrecha el cerco a Urdangarin por sus contratos con Camps

La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco a Iñaki Urdangarin, ahora en la Comunidad Valenciana. Tres semanas después de que el juez mallorquín José Castro ordenara el registro de las empresas del entramado empresarial tejido por el yerno del rey y su socio Diego Torres para esclarecer los contratos con el Gobierno balear de Jaume Matas, el magistrado ha ordenado ahora interrogatorios para aclarar las adjudicaciones al marido de la infanta Cristina por parte del Ejecutivo de Francisco Camps y del ayuntamiento de Rita Barberá. Ya han declarado como imputados los dos ex altos funcionarios de la Generalitat valenciana que dieron el visto bueno para entregar a Nóos 3,4 millones de euros en contratos públicos.

Según confirmaron fuentes de la investigación, el objetivo de la operación desatada en las últimas horas en Valencia es recopilar toda la información posible de la contratación del Instituto Nóos para la celebración de las tres ediciones del Valencia Summit, en 2004, 2005 y 2006, unas reuniones internacionales sobre turismo y deporte que sufragaron la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), el Gobierno autónomo y la Fundación Turismo Valencia, perteneciente al consistorio. De acuerdo con los datos en poder de Anticorrupción, estas instituciones dieron a Nóos 3,1 millones, pues garantizaron a la fundación que por entonces presidía el duque de Palma un 'canon' anual de 1,04 millones -900.000 euros más IVA- por cada uno de los tres años de las reuniones deportivas.

Unos eventos idénticos a los que el miembro de la familia real y Torres celebraron en Palma en 2005 y 2006, bajo la denominación Forum Illes Balears, con un importe de 2,3 millones de euros y que fueron el origen de la 'operación Babel'.

Además de esta cantidad por los Valencia Summit, el Ejecutivo de Camps firmó otro contrato con Urdangarin para que la ciudad albergara unos 'Juegos Europeos' que nunca llegaron a celebrarse, y por el que Nóos se embolsó 382.000 euros.

Tras declarar en las últimas horas ante el fiscal del 'caso Palma Arena', Pedro Horrach, han quedado imputados los dos responsables directos de los acuerdos con el marido de la infanta, Jorge Vela, quien fuera director de Cacsa entre 2005 y 2009, y actual director general del Instituto Valenciano de Finanzas y hermano del consejero de Hacienda, José Manuel Vela; y José Manuel Aguilar, director de la Ciudad de las Artes entre 2002 y 2005.

Ayer fue citado también a declarar ante el fiscal anticorrupción el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. Pocas horas antes había sido interrogado igualmente José Salinas, director del Valencia Convention Bureau, la institución del ayuntamiento que cerró con Nóos la organización de Valencia Summit.

A todos ellos, entre otros asuntos, se les pidió que corroboraran la autenticidad de su firma en algunos contratos. Anticorrupción no aclaró la situación procesal en la que han quedado Grau y Salinas. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía revelaron que, junto a los directores de Cacsa ha quedado como imputada una tercera persona, una mujer, cuya identidad se desconoce.

Medio centenar

De forma paralela, agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y miembros de Anticorrupción se presentaron ayer en Cacsa e interrogaron a medio centenar de los empleados de la institución -adscritos a los departamentos jurídicos, protocolo y eventos- sobre las adjudicaciones bajo sospecha.

Fuentes judiciales explicaron que el despliegue de las últimas horas en Valencia es continuación de las actuaciones del pasado 8 de noviembre, cuando el juez de Palma de Mallorca comisionó a varios funcionarios para que reclamaran a Consejeria de Presidencia y a Cacsa todos los documentos relacionados con las contrataciones con el Instituto Nóos.

La ampliación de la 'operación Babel' a tierras valencianas comienza a complicar el futuro procesal del caso, ya que el juez de Palma podría perder la competencia sobre este sumario, al tener la trama tentáculos en otras comunidades autónomas. La pasada semana, el expresidente Balear Jaume Matas ya pidió la inhibición a favor de la Audiencia Nacional, una posibilidad que podría estar más cerca si el juez Castro mantiene como imputados a ex altos cargos valencianos.