La jueza Alaya impone 4,7 millones de fianza a los intrusos en los ERE

La jueza Mercedes Alaya, instructora del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con dinero de la Junta, ha impuesto fianzas a los 16 imputados judicialmente hasta ahora por importe global de 4.797.561 euros.

La magistrada responde, en un auto con fecha del 30 de noviembre y dado a conocer ayer a las partes, a la petición de la fiscalía anticorrupción y del propio letrado de la Junta que en audiencia celebrada el pasado 17 de noviembre solicitaron fianzas para los acusados por el menoscabo que han provocado a las arcas públicas. Entre las fianzas destaca la impuesta a Carmen García, dueña del restaurante Río Grande de Sevilla, que deberá depositar en el juzgado cerca de dos millones de euros, en concreto 1.990.689,36 euros. El fiscal solo le pedía 200.000 euros.

En el auto, la magistrada dice que el cobro ilícito de «ingentes cantidades de dinero» se hizo con «autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta de Andalucía» y con la intermediación de muy distintos personajes (empresarios, sindicalistas), todo ello para «favorecer a amigos, familiares y en definitiva a círculos próximos al PSOE».

Entre los imputados hay varios exmilitantes y excargos socialistas y la suegra del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, este aún sin comparecer ante la jueza. Su suegra, Victorina Madrid Pisabarro, beneficiaria de dos pólizas pagadas por la Junta, deberá depositar un 30% más de lo que cobró: 258.539,91 euros. Las fianzas más altas después de la empresaria antes mencionada corresponden a los exmilitantes socialistas y vecinos de El Pedroso Alejandro Millán (432.993 euros) y Antonio Arquero García (584.976 euros). Ambas se aproximan a lo que reclamó el fiscal.

En otro auto también conocido ayer, la magistrada Alaya da un plazo de diez días a la Junta de Andalucía para que le remita los expedientes de las modificaciones presupuestarias de la agencia IFA o IDEA desde 2005 que fueron autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda. En el auto no se especifica pero en esta etapa el titular de Economía era el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. La jueza reclama dicha información al admitir parcialmente una diligencia presentada por el Partido Popular. El objetivo de esta es que pueda demostrarse que Griñán intervino en la autorización de incremento del dinero del IFA destinado a la partida 31L con la que se pagaban ayudas sociolaborales como los ERE mediante el procedimiento de transferencia de financiación.

En sus razonamientos jurídicos, la magistrada vuelve a insistir en que la Junta siguió utilizando dicho procedimiento después de que la Intervención General de Hacienda advirtiera en varios informes desde 2003 de que el citado método era irregular porque eludía el control del gasto y la verificación de los fines de las ayudas, algo que, reitera, se comunicó a los responsables de las consejerías de Empleo, Innovación y Ciencia y Economía y Hacienda.

La jueza insiste en indagar en la responsabilidad del titular de Economía, entonces Griñán, en estas autorizaciones, pese a la insistencia del presidente de la Junta de ignorar cualquier asunto relacionado con los ERE porque no fue su competencia. Para la jueza es «de especial interés para la investigación» que la Junta remita los expedientes.

Pizo Gómez

La magistrada dejó más tarea para el largo puente de la Constitución-Inmaculada: En un tercer auto reclama información a la Junta y a varios organismos sobre actividades de José Antonio Gómez Romón, el exfutbolista del Osasuna conocido como Pizo Gómez, a quien la magistrada investiga por el presunto cobro de cerca de 500.000 euros de la partida de los ERE para cursos de riesgos laborales que, al parecer, nunca dio. En relación con este caso, Alaya ha abierto un expediente disciplinario a su abogado, José María Calero, al que cita para el próximo día 15 para que presente sus alegaciones. Calero ha sido el abogado de los padres de Marta del Castillo durante el reciente juicio.