El Supremo resucita la imputación contra Carlos Fabra por cuatro delitos fiscales
MADRID. Actualizado: GuardarEl Tribunal Supremo colocó ayer a Carlos Fabra, el líder del PP en Castellón y expresidente de la diputación provincial, a un paso de sentarse en el banquillo para responder de cinco delitos fiscales y, posiblemente también, de otros de cohecho y tráfico de influencias.
El alto tribunal anuló el auto dictado hace un año por la Audiencia Provincial de Castellón con el que cerraba la investigación seguida contra Fabra por la comisión de cuatro delitos de evasión de impuestos entre 2000 y 2003, por considerar que los presuntos fraudes habían prescrito al haber transcurrido cinco años desde su comisión sin que nadie los hubiese denunciado o un juez hubiese abierto una causa para investigarlos. La resolución dejó viva solo una acusación contra el dirigente popular, un delito fiscal en 1999, que sí fue denunciado en plazo por Hacienda.
El Supremo aceptó el recurso de la Fiscalía y las acusaciones particulares y anuló el sobreseimiento porque no ve prescripción de los delitos de evasión de impuestos. Señala, de hecho, que la propia Audiencia Provincial de Castellón dictó el 28 de febrero de 2006 un auto por el que ordenaba a Hacienda investigar el sospechoso incremento patrimonial que Fabra y su familia tuvieron entre 1999 y 2004 para averiguar su «incidencia fiscal». Para el alto tribunal, este auto equivale a una resolución judicial motivada en la que se atribuye a personas concretas la posible comisión de hechos delictivos y, por lo tanto, tiene el poder de interrumpir y liquidar el período de prescripción.
Fraude de 1,5 millones
La sentencia del Supremo da, por lo tanto, plena validez al auto del Juzgado de lo Penal 1 de Nules (Castellón) que ordenó continuar la causa de tribunal de jurado contra Fabra por cinco delitos fiscales, cohecho y tráfico de influencias. Este auto, de 21 de julio de 2010, que es equivalente a un procesamiento y previo a la apertura de juicio oral, indica que el magistrado observa «indicios racionales de criminalidad» por estos hechos contra el Fabra y contra su esposa, imputada por otro delito fiscal en el ejercicio de 1999.
El informe de Hacienda que sirvió de base al juez señalaba que Fabra y su esposa tuvieron entre 1999 y 2004 unos ingresos de 3,5 millones de euros que no han podido justificar y que podrían traducirse en una defraudación conjunta a Hacienda por valor de 1,5 millones.
