El Pleno aprueba recortar 300.000 euros del servicio de reciclaje

El Pleno municipal ha prorrogado durante un año más el contrato con la empresa del Centro de Recursos Ambientales, encargado de la recogida de residuos y la gestión para su reciclaje. El acuerdo ha pasado de 700.000 euros de canon anual a 400.000. Un recorte que no ha tenido una buena acogida por parte de los grupos de la oposición ni de los trabajadores de las contratas, que ayer volvieron a concentrarse frente a la puerta del Ayuntamiento para pedir soluciones por los continuos retrasos en el cobro de sus nóminas.

El CRR dejará de prestar el servicio 'Puerta a puerta' de recogida de residuos en edificios públicos y centros escolares. Esta es una de las consecuencias del recorte, que también ha afectado a los tres empleados que siguen despedidos pese a la sentencia judicial que obliga a su readmisión. La empresa, Cespa, se niega a readmitirlos respetando sus condiciones de antigüedad y tampoco ha servido para nada el acuerdo unánime que tomó el Pleno hace unos meses para que reconsidere su postura.

La concejala de Medio Ambiente, Marta Rodríguez, argumentó que el nuevo plan de trabajo tras el recorte es algo a negociar entre la empresa y su plantilla. «Nosotros le hemos pedido lo que necesitamos en el nuevo plan de explotación y si consideran que para cumplir les basta con los trabajadores que tienen y que trabajen más es cosa de ellos». A este respecto, la portavoz de Izquierda Unida, Pepa Conde, acusó al gobierno local de hacer pagar siempre a los trabajadores la carestía económica. «Solo saben recortar en puestos de trabajo y en servicios públicos que afectan a los portuenses». Conde también reclamó un informe de Intervención relativo a la liquidación de 2009 de la empresa que a su juicio contiene presuntas irregularidades. Un informe que, según el propio interventor, no está listo aún y por eso no se le ha dado copia a IU.

Depurar responsabilidades

Durante la sesión plenaria también se aprobó el tercer expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo al Presupuesto 2011. Esta vez la cantidad ha ascendido a más de 546.000 euros de los que más de 57.000 corresponden a multas impuestas por la Junta de Andalucía ante cinco actuaciones del anterior gobierno de Independientes Portuenses y PSOE.

En este sentido, la concejala izquierdista Ángeles Mancha, criticó que durante la etapa de Hernán Díaz como alcalde se concedieran licencias de obras sin los informes de la delegación provincial de Cultura, en casos como el derribo de parte del puente de San Alejandro o la retirada del adoquinado de la calle Larga. «Esto se permitió sabiendo que nos podían sancionar y encima, por no pagar a tiempo, se suman los intereses de demora».

El concejal de IP, Antonio Díaz, no rebatió estas cuestiones y basó la defensa de su grupo en que de los 546.000 euros de deuda, solo 106.000 corresponden a la etapa en que gobernaron los independientes. El socio de gobierno, el andalucista Antonio Jesús Ruiz, pidió por su parte que se depuren responsabilidades ya que la concesión de algunos de estos permisos ni siquiera pasaron por la Junta Local de Gobierno, sino que fueron decretos directos del alcalde. «Y estamos viendo que dar licencias sin autorización era una práctica habitual durante aquel mandato, ya que el año pasado también tuvimos que pagar dos multas por actuaciones en la Cañada del Verdugo y en la calle San Bartolomé».