La Fiscalía del Supremo ve indicios para investigar a Blanco

La Fiscalía del Tribunal Supremo aprecia indicios de delito contra el ministro de Fomento en funciones, José Blanco, por su supuesta implicación en una trama de subvenciones públicas destinadas a empresarios gallegos. El Ministerio Público presentó ayer un informe a la Sala de lo Penal del alto tribunal en el que considera que debe abrir una causa contra Blanco después de analizar la documentación enviada por la juez de Lugo que instruye la denominada 'operación Campeón', que estalló el pasado 25 de mayo con la detención de 15 personas.

El teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, dio su visto bueno para que la Sala de lo Penal investigue al número dos del PSOE por indicios de tráfico de influencias y cohecho. Esto ocurre una vez que uno de los imputados, el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, acusará a Blanco de hacer gestiones en favor de empresarios afines a cambio de dinero. En concreto, se trataría de agilizar contratos con los ministerios de Fomento y Sanidad.

La juez Estela San José, titular del juzgado de instrucción número tres de Lugo, se hizo eco de estas acusaciones y recopiló todos los indicios sobre la supuesta implicación del ministro en la trama. El pasado 3 de noviembre, un día antes de comenzar la campaña electoral, la magistrada envió una exposición razonada al Supremo con el apoyo de la Fiscalía de Lugo, que también apreció indicios de tráfico de influencias. Reclamaba la juez que, al estar el ministro aforado, se pronunciase sobre si había motivos para investigarlo.

Dos días después, el 8 de noviembre, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, firmó un decreto por el que anunció que se abstenía de intervenir en cualquier decisión sobre Blanco. Dada su condición de máxima autoridad del órgano acusador, por lo que hubiera asumido su competencia en este asunto, Conde-Pumpido se quitó de en medio al admitir su amistad personal con el dirigente socialista. Por este motivo, recayó en su subordinado inmediato en el Supremo, el teniente fiscal Juan José Martín-Casallo, que ahora reclama investigar a Blanco.

Graves delitos

Pese a que la petición de la Fiscalía no es vinculante, todo parece indicar que la Sala de lo Penal no le va a quedar más remedio que abrir una causa dada la gravedad de los indicios delictivos imputados, penados con cárcel, multa e inhabilitación para autoridad o cargo público. El siguiente paso es que la misma sala que pidió al Ministerio Público que le informase sobre la competencia de la exposición razonada se pronuncie sobre su admisión a trámite y nombre a un magistrado instructor. Éste sería el encargado de investigar los hechos denunciados y de llamar a declarar al ministro en caso de que aprecie responsabilidad penal. Llegados a este punto, Blanco estaría oficialmente imputado.

Por el momento se conocen los nombres de tres de los cinco jueces que conforman el tribunal de admisión. Se trata del presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y de los magistrados Francisco Monterde y Julián Sánchez Melgar, según confirmaron fuentes del alto tribunal. Los otros dos se conocerán previsiblemente esta semana.

Las primeras informaciones sobre la implicación de Blanco en la 'operación Campeón' aparecieron a principios de octubre, después de la declaración judicial de Dorribo. Dada la trascendencia del asunto, el día 6 de ese mes el propio ministro admitió a través de un comunicado que se encontró en una gasolinera de Lugo con el imputado, pero aseguró que «no recibió ni cobró nada, ni directa ni indirectamente, ni en metálico ni en trasferencias, ni en su cuenta ni a través de personas interpuestas», en referencia a un familiar político que pudo terciar para que Dorribo se subiera al coche del ministro a cambio de dinero.

El propio Blanco siempre ha defendido su inocencia asegurando que se trataba de «falsedades» y que cuando llegara el momento desmontaría la «golfería» de las acusaciones del empresario. Ayer mismo, el portavoz del Gobierno afirmó que no tiene «constancia oficial de ninguna de las informaciones difundidas» y que confiaba en la Justicia y en «sus tiempos». El secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, aseguró ayer que «confiaba en los jueces» y el PP pidió su dimisión.