El TSJA revocó el pasado día 17 el proceso de integración de los trabajadores de Faffe en el SAE. :: MIGUEL GÓMEZ
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La reordenación del SAE deja sin formación a decenas de desempleados en la provincia

Los cursos gestionados por la extinta Faffe se suspenden por la nueva organización del sector público que exige requisitos diferentes

Cádiz Actualizado: Guardar
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La nueva reordenación del sector público que ha emprendido la Junta ya empieza a dar dolores de cabeza a los ciudadanos. Esta vez le ha tocado a los parados que realizan cursos a través de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que han visto suprimidas las clases a pocas semanas de finalizarlas. En la provincia hay cientos de afectados que ya empiezan a interponer reclamaciones ante el Servicio Andaluz de Empleo que es el que ha asumido la gestión de los mismos. Y el problema se extiende por el resto de la comunidad.

La integración de Faffe en el SAE se produjo en abril, pero no ha sido hasta el pasado verano cuando todos estos cambios administrativos trastocaron la formación. Este año se ha ofertado un total de 161 cursos para 2.685 personas en la provincia y han contado con una subvención de la Junta de más de 7,5 millones. No todos se han visto afectados, pero sí un buen número de ellos, especialmente los de mayor duración y envergadura, como los relacionados con el sector aeronáutico, las nuevas tecnologías, los servicios a la comunidad o las energías renovables. Son estos los que están más orientados a los desempleados y tienen la categoría de Formación Profesional no reglada, ya que los ocupados suelen elegir opciones de duración más corta.

Uno de los últimos en ser suprimido es el que realiza una veintena de demandantes en El Puerto de formador ocupacional, que comenzó en julio y debía finalizar el 20 de marzo. Pero también los hay que llevan esperando la reactivación del suyo desde antes del verano. El mayor grueso, según explican fuentes de la extinta fundación, se ha producido entre junio y octubre, sin contar el parón de los meses de verano.

Entre 15 y 20 alumnos por aula

Cada uno de estos cursos tenían una media de entre 15 y 20 alumnos, con una mayor orientación a los parados. Los de mayor envergadura llegan a durar hasta cuatro meses con planes de estudio de 400 y 600 horas formativas, lo que supone un esfuerzo importante de asistencia y estudio por parte de los alumnos.

«Todo eso no caerá en saco roto», dejan claro fuentes oficiales de la Consejería de Empleo. Según explicaron, se debe a un «problema administrativo», en ningún caso a la financiación y garantizaron que «ya se trabaja en la reactivación de todos ellos para que se puedan retomar cuanto antes». En todo caso, aseguraron que el SAE asume la gestión y que «se seguirán impartiendo cuando se solventen los problemas administrativos». Sin embargo, no ofrecen fechas concretas.

Los beneficiarios de esta oferta formativa se encuentran en una tesitura muy particular. No son considerados como desempleados, ya que están en un curso y tampoco pueden acceder a otras opciones porque ya consta que están inscritos. A todos ellos se les ha dado la posibilidad de acceder a una reactivación transitoria de su demanda de empleo para acceder a ofertas mientras se resuelve el problema.

Al parecer, el principal motivo ha sido que los criterios de contratación de docentes del SAE son más estrictos que los de la Fundación de Empleo. Ahora los monitores serán considerados empleados públicos, con lo que la selección va por vías diferentes. Y posiblemente las cosas también se pongan difíciles para un número importante de trabajadores de Faffe, que ahora quedan subrogados al Servicio Público de Empleo después de que el pasado día 17 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidiera revocar y suspender cautelarmente varias reglas de una resolución por la que se aprueba el protocolo de integración de personal en la Agencia del SAE, que incluye la integración de los trabajadores procedentes de Faffe y de los consorcios Utedlt. La sentencia indica que para acordar la suspensión, han tenido en cuenta que «se han eludido los principios de igualdad, mérito y capacidad y por consiguiente la vulneración de un artículo de la Constitución».