Condenan a los padres de una niña de Chiclana por faltar a clase

Hacer rabona no solo es una travesura. Puede también tratarse de un delito cuando los culpables de que el niño o la niña falte a clase son los padres.

Es el caso de un matrimonio de Chiclana que ha sido condenado a tres meses de cárcel por un delito de abandono a menores, porque mantuvo cuatro años a su hija sin acudir al colegio desde el curso 2002/2003. Hoy día, la adolescente es ya mayor de edad.

La sentencia ha sido dictada recientemente por una juez de lo Penal de Cádiz y fue dada a conocer ayer por la concejal de Educación del Ayuntamiento de Chiclana, María Eugenia Fernández, dado que este tipo de denuncias parte habitualmente de la comisión contra el absentismo de la localidad, en la que participa el área de asuntos sociales del consistorio. La condena no es la primera que se dicta por hechos similares, ni será la última. De hecho, ya existen diez sentencias anteriores en las que padres de Chiclana han sido también condenados por no escolarizar a sus hijos o por no dejarles ir a clase. Y existen otros procedimientos judiciales abiertos que están a punto de concluir. De hecho, en breves días, se espera que otro juez dicte una sentencia en términos parecidos a la dada a conocer ayer.

Según fuentes judiciales, el elevado número de casos que proceden de Chiclana no se debe a que los niños chiclaneros falten más a clase que los de otras localidades, sino a que el Programa contra el Absentismo municipal es modélico y uno de los más eficaces de la provincia. De hecho, la Policía Local de Chiclana cuenta con un equipo de agentes especializados en estos casos.

La concejal María Eugenia Fernández explicó ayer que la vía judicial es siempre la última alternativa a la que se recurre en casos de absentismo escolar y se utiliza solo en asuntos de gran gravedad, como el dado a conocer ayer. La edil recordó, en este sentido, que el proceso contra el matrimonio sentenciado ahora se abrió en 2005, después de tres años en los que los trabajadores sociales les instaron a que regularizaran la asistencia de su hija al centro escolar. Sin embargo, los padres «mostraron un total desinterés por la educación de su hija», según Fernández. De hecho, en el curso 2004/05 ni siquiera la matricularon en el instituto correspondiente. Por ello, en junio de 2005 se presentó un atestado policial en la Fiscalía de Protección al Menor.

La estrecha colaboración del Consistorio chiclanero con la Fiscalía de Menores de Cádiz ha permitido que este último caso haya llegado finalmente a juicio, ya que en 2006 estuvo a punto de ser archivado. Y es que según fuentes judiciales, hasta hace poco no había un criterio claro entre los juristas sobre cómo abordar este tipo de casos, pero recientemente la Audiencia Provincial marcó que la no escolarización puede entenderse como un delito de abandono.