Marín recurre el acuerdo del Pleno para evitar el pago de un millón al SAS

Para entender lo que ocurre con el ambulatorio de Los Gallos, un equipamiento mal proyectado, peor construido y cerrado cinco años después del inicio de sus obras, habría que hacer un cursillo acelerado de tramitación administrativa.

Para quien no conozca a fondo los recovecos de la burocracia, el resumen es sencillo. El gobierno municipal del PP, en minoría, vio el jueves pasado cómo la oposición se unía para evitar que prosperara su propuesta para mantener el convenio firmado en su día entre Ayuntamiento y la Junta para construir este equipamiento. Apenas unas horas después, el alcalde Ernesto Marín, anunciaba que el equipo de gobierno ha presentado un recurso de reposición contra ese acuerdo plenario.

Según explicó el regidor ayer, romper el convenio con el SAS «implicaría un gravísimo perjuicio económico para las arcas municipales, ya que el Ayuntamiento se vería obligado a devolver más de un millón de euros, y tendría que quedarse en propiedad con el edificio».

Vista la situación, a priori parece sencillo adoptar la solución más favorable para los intereses locales. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En las últimas semanas el tema se ha enquistado de tal forma, que ha llegado incluso a poner en riesgo la integridad de las tramitaciones plenarias. Y es que el recurso de reposición presentado por el gobierno es algo muy poco habitual, por venir de quien ostenta el poder municipal.

Además, en un claro contraataque, también ayer el portavoz del PP, Andrés Núñez, aseguró que el gobierno local no descarta pedir «responsabilidad patrimonial», como contempla la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del procedimiento Común, en la que podrían haber incurrido los miembros de la oposición.

La polémica está servida. Pero lo único cierto es que el ambulatorio de Los Gallos continúa cerrado a cal y canto. Arreglarlo costará más de un millón de euros. Incluso hay quien, como el PVRE, ve más factible derribarlo y construir uno nuevo y en otro sitio.

La historia del que debía ser el tercer centro sanitario público de Chiclana es la historia de un despropósito. La constructora, con problemas económicos, ha sido denunciada por no afrontar los arreglos de los desperfectos. Hace apenas unos días el Ayuntamiento anunciaba que correrá con los gastos de su reparación. El coste supera el millón de euros. De ellos, unos 800.000 euros son de arreglo de defectos, otros 210.000 euros para igualar las calidades, y 36.000 euros para remediar los problemas de humedades que tiene un edificio condenado mucho antes de abrir.