Editorial

Cerrazón alemana

La cumbre europea no debería excluir el debate sobre los eurobonos y el BCE

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La canciller Angela Merkel y el presidente Nicolas Sarkozy escenificaron ayer en Estrasburgo, en presencia del nuevo primer ministro italiano Mario Monti, lo que parece su común negativa a que se emitan bonos de estabilidad europea y a que pueda ser recabada la actuación del BCE en la financiación de los países con problemas. La renuncia francesa a mantener sus diferencias respecto a las tesis alemanas en cuanto a esos dos aspectos tendría como contrapartida la elaboración conjunta de una propuesta de reforma de los Tratados de la Unión ante la próxima cumbre del 9 de diciembre, cuyo objetivo más tangible sería reforzar el Pacto de Estabilidad contemplando sanciones para aquellos socios que incumplan los compromisos. Siendo esto último imprescindible su necesidad era anterior a la crisis griega y no es fácil adivinar qué beneficio inmediato puede reportar a la Eurozona cuando hoy la disciplina de los países intervenidos está en relación con los fondos de rescate. Merkel no solo se niega a contemplar la posibilidad de los eurobonos, tal como dejó claro en su reciente réplica a Barroso, sino que ni siquiera está dispuesta a que su emisión aparezca como el posible resultado final del afianzamiento de la unión fiscal. La perspectiva de igualar solidariamente las tasas de interés en el ámbito europeo enerva al Gobierno alemán puesto que supondría su inmediato incremento para la deuda y la financiación germanas. Aunque la canciller prefiere dar una explicación más indirecta al objetar que los bonos dotados de una garantía colectiva ocultarían el origen nacional de los problemas de deuda, lo que impediría atajarlos. Del mismo modo, el argumento de que el BCE es una institución 'independiente' pertenece más al orden de la retórica que a la de la búsqueda de respuestas de urgencia a una crisis que ayer llevó al Instituto Internacional de Finanzas a anunciar que Europa se encuentra en una nueva recesión. La cumbre del 9 de diciembre, en la que se pondrá a prueba la cohesión española durante el traspaso de poderes, debería cuanto menos no excluir como perspectiva ni la emisión de eurobonos ni la habilitación legal del BCE para la sostenibilidad de las deudas soberanas.