TENEMOS QUE HABLAR

El pasado miércoles, el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, presentó al Parlamento catalán el cálculo de la balanza fiscal de Cataluña correspondiente a 2009, último año del que se dispone de datos, confeccionado por el mismo método que utilizó Antoni Castells cuando dirigía las finanzas del 'tripartito'. Dicho déficit fiscal -la diferencia entre lo que pagan los catalanes en impuestos y lo que reciben en forma de servicios e inversiones- representa el 8,4% del PIB catalán, esto es, 16.434 millones de euros.

La balanza fiscal es prácticamente constante (el déficit fiscal fue del 9,8% en 2005 y del 8,5% en 2003), pero ahora, con la crisis, es posible establecer algunas comparaciones: por ejemplo, resulta que el déficit de 2010, que es el que ha obligado a plantear el gran ajuste actual, fue de 8.353 millones de euros, aproximadamente la mitad del déficit fiscal. Y el gran recorte de este año ha sido de 2.680 millones, menos de la quinta parte del déficit fiscal, esto es, de los recursos que aportan los catalanes y que no regresan.

Hasta aquí, los datos, bien elocuentes y lógicamente opinables. Pero las informaciones periodísticas que daban cuenta de estas cifras aportaban otras evidencias que permiten otros términos de comparación. Así por ejemplo, el déficit fiscal alemán es más del doble del déficit máximo que soportan los 'länder' más ricos, que es del 4%. En Alemania, la Constitución fija que en ningún caso podrá obligarse a un estado federado a contribuir al conjunto con un porcentaje del PIB regional que supere en más del 4% el que le correspondería por tamaño. Y -explicaba 'La Vanguardia'- los 'länder' más dinámicos han recurrido esta disposición porque consideran excesivo el sacrificio, que reduce sus posibilidades de desarrollo y su capacidad para convertirse en locomotoras del desarrollo estatal.

La reclamación del pacto fiscal, semejante al concierto vasco, tiene evidentemente este agravio como principal fundamento. El pacto plantea muchas dudas y tiene un encaje prácticamente imposible en la Constitución. Pero las razones de los catalanes sobre la excesiva magnitud de su esfuerzo son razonables. Cuando menos, tenemos que hablar.