Derecho y obligación

Los españoles estamos llamados hoy a elegir a nuestros representantes en el Congreso y el Senado en un ejercicio libre del principio de soberanía. La cita coincide con uno de los momentos más difíciles a los que se han enfrentado la economía y la sociedad españolas, atenazadas de cara al futuro por la hipoteca colectiva en que se convirtió la burbuja inmobiliaria y por los sobresaltos especulativos. Los cinco millones de parados son a la vez efecto y causa de una prolongada recesión que amenaza con reproducirse. Todo ello compromete muy seriamente el papel de las instituciones públicas como garantes de un sistema de bienestar y de equidad. El hecho de que la jornada electoral venga precedida de una larga serie de pronósticos que coinciden en el anuncio de un cambio de ciclo político no diluye la responsabilidad que atañe a la ciudadanía. Porque si la participación electoral constituye una obligación moral ante cualquier convocatoria, adquiere una especial relevancia cuando las convulsiones económicas han dejado en entredicho la capacidad de la política para procurar la estabilidad que requiere toda sociedad abierta y la eficiencia que precisa la gestión actual de los asuntos públicos. El escepticismo y la desconfianza que muchos ciudadanos pueden albergar respecto a la entereza de las instituciones y a la coherencia de la acción política no deben convertirse en excusa para eludir la llamada de las urnas. El comprensible reproche que muchos electores dirigen hacia lo que consideran una deserción de los partidos y de las instituciones respecto a su obligación reguladora de la economía no debería conducir a una mimesis de distanciamiento e indiferencia en relación a la participación electoral. Hoy cada persona inscrita en el censo cuenta con la potestad de expresar su parecer a través de las diversas posibilidades que le ofrecen las dos urnas. Habrá quien tenga su voto decidido desde siempre, quien se incline por la candidatura con la que más coincide en estos momentos, quien elija las papeletas por exclusión, e incluso quien recurra al voto en blanco para significar su compromiso con la democracia junto a su objeción al sistema de partidos. Pero cuanto mayor sea la participación más legitimadas saldrán las Cortes y mayor peso adquirirá la autoridad crítica de la ciudadanía ante cualquier decepción.